La Policía gibraltareña, en el punto de mira judicial

La AUGC ratifica una querella que interpuso en 2015, tras impedirse a la Guardia Civil identificar a quienes pescaban de forma irregular

Era al filo de las 13:00 horas del 11 de mayo de 2011 cuando agentes de la Guardia Civil que patrullaban una embarcación del Servicio Marítimo de Algeciras (Cádiz) no escurrieron la mirada y divisaron una nave recreativa, «Atlast IV», ocupada por dos personas que pescaban de manera ilegal. Sus ocupantes se dieron cuenta de que habían sido vistos y huyeron hacia el interior de la bahía en dirección a Gibraltar e ignoraron las órdenes de alto de la Guardia Civil. Con todo, efectivos del Instituto Armado lograron interceptar el barco en aguas españolas y uno de ellos llegó incluso a saltar al interior del mismo para inspeccionarlo e identificar a los tripulantes. Momento en el que apareció en el mar una embarcación de la «Royal Police of Gibraltar» con cuatro personas a bordo, dos de las cuales acabarían encendiendo el motor del barco de los pescadores para que pudieran volver a tierra sin consecuencias, pese a haber desobedecido a los agentes. Éste es el relato que se recoge en una querella criminal contra el patrón de la «Atlast IV», J. A. T., y otro hombre con pasaporte británico, P. S. P-C., que en julio de aquel año interpuso la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Ésta entendió que lo sucedido podría constituir un delito de «desobediencia y resistencia a los agentes de la autoridad en el desempeño de sus funciones, que recoge el artículo 556 del Código Penal», en el que también podrían haber incurrido los policías de la Roca quienes, sin embrago, no pudieron ser localizados entonces, «al no obtener respuesta de las autoridades del Peñón», según consta en la querella consultada por LA RAZÓN.

De vuelta cada uno en su lugar y pasado el tiempo, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 del municipio gaditano de La Línea de la Concepción que abrió diligencias de investigación citó, mediante una diligencia de ordenación, al representante procesal de la AUGC a las 10:00 horas del pasado 20 de abril, quien «ratificó lo denunciado» dado que, a juicio de su cliente, es «grave» al haber tenido lugar el incidente en aguas cuya jurisdicción corresponde a España.

Fuentes de la AUGC apuntan que hay algo que no ha cambiado en los dos años que han transcurrido desde el avistamiento de la embarcación: «La falta de colaboración del Gobierno gibraltareño en todo este proceso para el esclarecimiento de los hechos». Aseveran que así se lo han transmitido desde el ámbito judicial y ello, a pesar de que le han remitido «en varias ocasiones» las «correspondientes solicitudes para la identificación de los agentes de la Policía gibraltareña que intervinieron en este acto» tras una supuesta llamada telefónica del patrón del «Atlas IV» o de su acompañante.

Según se refleja en la querella consultada por este diario, los efectivos de la Guardia Civil intentaron en todo momento evitar «un incidente de mayor envergadura», dada «la actitud agresiva de los componentes de la Policía» del la Roca. Pertrechados con su versión y convencidos de que sus compañeros de Cuerpo tienen razón, la AUGC seguirá adelante, ahora personada como acusación popular en el proceso abierto por el juzgado de La Línea.