La propietaria de Peluquerías Low Cost dice que los investigados son “ex franquiciados sin relación” con la firma

La Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost SL, propietaria de la marca y cadena de franquicias, afirma que las personas que están siendo investigadas por un presunto fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de falsos contratos de formación por unos tres millones de euros son “ex franquiciados de la marca que en la actualidad no tienen relación de ningún tipo con la misma”.

La operación llevada a cabo por la Policía Nacional sigue abierta y, según el cuerpo de seguridad, suma ya cinco directivos detenidos, entre ellos los propietarios de la red, y 32 franquiciados por haberse presuntamente beneficiado de falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de las Seguridad Social.

De su lado, la citada sociedad indica en un comunicado que son “ex franquiciados” y que “no se puede ni se debe responsabilizar a la marca y a la cadena de franquicias de los presuntos actos ilícitos de terceros que actualmente están siendo esclarecidos a través de la correspondiente investigación judicial”. Así, asegura que la sociedad actúa “de forma rigurosa y conforme a la legalidad vigente” y está “totalmente al margen de cualquier investigación posible relacionada con terceros”. En este sentido, asegura que vincular esta marca en este asunto puede afectar “de forma negativa a la imagen de una marca que actualmente cuenta con 600 franquiciados y emplea a más de 2.000 personas en España y a nivel internacional”.

“Las peluquerías franquiciadas continúan ofertando sus servicios con los mismos estándares de rigor y profesionalidad de siempre, procurando en todo momento la salvaguarda de sus empleados y profesionales y la satisfacción de sus clientes, sin que puedan ni deban establecerse paralelismos de ningún tipo con los asuntos por los que se estén viendo afectados actualmente ex franquiciados de la cadena”, concluye.

Por su parte, los franquiciados de las peluquerías Low Cost aseguraron que “nunca fueron conscientes de que los contratos eran en fraude de ley” y que “no han percibido” las bonificaciones de los cursos. Reunidos en torno a una plataforma y representados por la letrada Isabel María Pertíñez Blasco, los franquiciados indicaron que “desconocían” si los trabajadores cumplían o no los requisitos para su contratación a través de este formato y que la academia no estaba homologada. Además, explicaron que no han percibido las bonificaciones de los cursos puesto que “los propietarios de la franquicia con los certificados digitales de los franquiciados pusieron sus propias cuentas bancarias”.

A través de un comunicado, la citada plataforma asegura que el presunto fraude se destapa después de que dos de los franquiciados interpusieran una denuncia contra el franquiciador hace dos años y, posteriormente, la plataforma de afectados hiciera lo propio en agosto. Asimismo, aclaró que la modalidad de los contratos en formación es legal y advierte de que los franquiciados “no eran conocedores del fraude” cometido con ellos.

“Eran los propietarios de la franquicia quienes les obligaban, al firmar el contrato de franquicia de peluquería, a contratar con la empresa de asesoría laboral y fiscal, así como con la academia de formación que ellos les imponían. Aunque esta academia indicaba en sus establecimientos estar homologada por la Junta de Andalucía, posteriormente se ha sabido que no estaba”, afirma, matizando que ambas empresas eran de los mismos propietarios de la franquicia.

Igualmente, inciden en que, al firmar las condiciones de la franquicia, los franquiciados “debían delegar en los dueños de las peluquerías Low Cost todo lo que respecta a la contratación y formación de los empleados”. Esto se producía “hasta el punto de que los trabajadores seleccionados eran impuestos a los franquiciados, sin que éstos pudieran escogerlos, ni conocer si cumplían o no los requisitos para el contrato de formación, confiando en la gestión de la franquiciadora para tal fin, al no tener posibilidad de contratar otra asesoría durante la vigencia del contrato de franquicia”, añadieron.

En este marco, insistieron en que los franquiciados “no se han beneficiado” de las bonificaciones de los cursos de formación sino que, al contrario, “los pagaron a los dueños de la franquicia y nunca percibieron las bonificaciones de la Junta de Andalucía, puesto que los dueños de la franquicia señalaron en la Tesorería General de la Seguridad Social sus cuentas bancarias y no de los franquiciados, como hubiera correspondido”. “No se han beneficiado ni lucrado de los contratos de formación que se les imponían por los dueños de la franquicia”, sentenciaron.

Por otro lado, negaron que los trabajadores no asistieran a la formación, aunque, tal como indica que recogen las denuncias interpuestas, “la academia de formación no estaba homologada por la Junta de Andalucía, de manera que la formación que recibían los trabajadores no servía para nada”. Además, recordaron que los propios franquiciados se quejaban ante los propietarios de que la formación que se impartía “no era correcta, según las indicaciones que les daban sus trabajadores cuando les preguntaban”.

Según advirtieron, “si bien es cierto que gracias a la modalidad de los contratos en formación los seguros sociales de los trabajadores estaban bonificados, no implica por ello que los franquiciadores se lucraran fraudulentamente, puesto que dichos contratos son legales y ellos desconocían que se realizaran en fraude de ley”. Así, subrayaron que, “lejos de lucrarse, los franquiciados han sido los mayores perjudicados en este fraude”. “Crearon puestos de trabajo y tras enterarse del fraude y denunciarlo, han contratado nuevas asesorías y han corregido todos los contratos y mantenido a sus trabajadores, mientras que se encuentran arruinados por las deudas que ahora les reclama la Seguridad Social a causa de las sanciones de la Inspección de Trabajo y Hacienda por no haberles presentado o mal presentado las declaraciones trimestrales”, lamentaron.

A ello, sumaron que algunos tienen embargadas sus cuentas bancarias, sus pisos, otros han cerrado sus negocios y están en tratamiento médico y, tras denunciar, “encima se les considera por la Policía Nacional colaboradores de los dueños de la franquicia, tomándoles declaración como delincuentes y saliendo en las noticias como tales y en la misma consideración que los organizadores del fraude, a quienes no se les reclama importe alguno y sí se han lucrado y enriquecido enormemente como presumen en sus redes sociales de coches de alta gama, viajes, comilonas, entre otros”.

“Los franquiciados lejos de enriquecerse están endeudados con la Seguridad Social con importes por encima de los 100.000 euros y lo único que han hecho es cumplir un contrato, dar puestos de trabajo y pagar a sus trabajadores”, concluyeron.