El tribunal de los ERE prevé tener la sentencia el 26 de octubre

El Consejo General del Poder Judicial inspeccionará el juzgado de la instructora María Núñez para decidir si le abre un expediente disciplinario tras la denuncia de la Fiscalía por su «pasividad» en las macrocausas

El 26 de octubre. Es la fecha que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha marcado para que esté redactado el fallo de la pieza política del «caso ERE» que debe decidir si dos ex presidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y una veintena de ex altos cargos de sus respectivos gobiernos cometieron prevaricación y malversación al diseñar un «procedimiento específico» para repartir durante una década 741 millones de subvenciones a prejubilados y empresas en crisis de forma arbitraria y sin control. La sentencia, que el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, definió como la «más complicada de la historia judicial» en España, tendrá «casi mil folios o más» y su redacción está «ya muy avanzada» y en su «fase final», según dijo a los periodistas tras reunirse con el tribunal que deberá determinar si Chaves, Griñán y el resto de acusados son inocentes o culpables y, en este último caso, imponer unas penas que oscilan entre los 10 años de inhabilitación por prevaricación hasta los 6 u 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación. De ahí que el magistrado ponente de la misma, Juan Antonio Calle, trasladara ayer a Del Río que su intención es tenerla lista para el 26 de octubre, cuando cumple el periodo en el que está liberado para redactarla, a fin de tener que prorrogar esa liberación que le exime del resto de asuntos de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

Del Río defendió el «esfuerzo ímprobo» que está realizando Calle dedicado a la redacción de este fallo «mañana, tarde y noche». De hecho, apenas ha disfrutado de vacaciones este verano. Las otras dos magistradas del tribunal que durante un año juzgó a los 22 acusados, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, estuvieron parcialmente liberadas pero desde hace meses celebran los juicios que les corresponden por reparto.

El juicio de la llamada pieza política del «caso ERE» se celebró en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla desde el 13 de diciembre de 2017 al 17 de diciembre de 2018 (152 sesiones), por lo de cumplirse este plazo dado por el TSJA, la redacción de la sentencia alcanzaría más de diez meses, por encima de las de otros casos de corrupción mediáticos como Gürtel o Noos pero menos que la de Malaya, que tardó un año. Desde el Gobierno andaluz, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, reconoció este martes que «ya debería haberse producido una sentencia».

En caso de celebrarse elecciones generales el 10 de noviembre, la sentencia se conocería antes aunque en función de la duración de ésta podría pillar en la campaña, si bien Del Río negó que comentaran nada respecto a esa posible coincidencia. El vicepresidente Marín también defendió que «una sentencia judicial se tiene que producir en el momento en el que esté», de forma que «da exactamente igual si estamos en elecciones o no».

El juicio de Chaves y Griñán es el único de la macrocausa de los ERE que se ha celebrado, y que se divide en 187 piezas separadas sobre cada una de las ayudas otorgadas con el llamado «procedimiento específico» de las que apenas media docena han sido enviadas a la Audiencia de Sevilla para su enjuiciamiento. Ese «injustificado retraso» en la instrucción de las piezas separadas por parte de la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez -actualmente de baja- motivó una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por «falta grave o muy grave» ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la que el Ministerio Público hablaba de «pasividad».

En el marco de la investigación del promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Ricardo Conde, viajará el próximo 15 de octubre a Sevilla para realizar una inspección en el juzgado, según informó Del Río. El presidente del TSJA añadió que Conde «está recopilando información de todo tipo, como distintos informes del juzgado» -también un escrito de la propia Núñez defendiéndose de la denuncia fiscal- y con ello y las conclusiones de su visita decidirá «valorará si hay contenido disciplinario o no». En el primer caso, se expone a sanciones que van desde una multa de 501 euros a la suspensión, el traslado de juzgado o la separación de la carrera judicial.

La denuncia se conoció el 19 de junio, un día después de que Núñez se diera de baja laboral, de la que se incorporó tres días en agosto para retomarla, por lo que es el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana quien continúa con la instrucción de los ERE. Además, el TSJA ha nombrado como sustituta a Bendición Pavón para los asuntos ordinarios del juzgado, de momento hasta el 30 de septiembre.

El presidente del Alto Tribunal andaluz mostró su preocupación por el «tratamiento informativo» que se está dando al caso de Núñez porque «transmite un mensaje de falta de credibilidad» en el sistema judicial.