Las ayudas de 14,5 millones para los ERE de Mercasevilla podrían ser nulas

Según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, las ayudas de 14,5 millones de euros que la Junta concedió para los ERE de Mercasevilla del 2003 y del 2007 serían "nulas"porque se prescindió del procedimiento legal al concederlas.

La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cree que pueden ser "nulas"las ayudas de 14,5 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió para los ERE de Mercasevilla del 2003 y del 2007 porque se prescindió del procedimiento legal al concederlas.

Los ERE, que afectaron a 89 trabajadores, tuvieron un coste de 15.680.699,37 euros y una media de 176.187,33 euros por cada uno, de los cuales 14,5 asumiría la Junta y 1,1 Mercasevilla, aunque los peritos indican que no hay constancia de que la Administración andaluza haya consignado la póliza suscrita para el ERE del 2007.

En el informe, remitido a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, Intervención señala que en las pólizas se incluyeron 15.000 euros para Juan Lanzas, el "conseguidor"de los ERE y exsindicalista, que no tenía ninguna relación con la empresa y está imputado en el caso de los ERE y en el de Mercasevilla.

En el ERE del 2007 había 834.332 euros para el intruso Antonio Garrido Santoyo y el trabajador autónomo José Antonio Rivera Martín, con periodos de alta de pequeña duración en Mercasevilla y que fue incluido en este último ERE, indica el informe, al que ha tenido acceso Efe.

Intervención asegura que constan los compromisos de la Junta de estas ayudas a pesar de que lo niegue el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, imputado en la causa, y añade que finalmente no se pagaron.

Entre las irregularidades en las ayudas, los peritos destacan que no se aplicaron criterios de "publicidad, concurrencia y objetividad", que no se ha acreditado el carácter excepcional de las ayudas, que no se sometieron a fiscalización previa ni hubo un seguimiento de las ayudas concedidas así como que tampoco hubo solicitud formal por parte de Mercasevilla.

En su informe, Intervención subraya que las ayudas podrían constituir una "subvención a la empresa y no a los trabajadores", que podrían ser nulas por prescindir "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido"y que la empresa y los importes acordados fueron "totalmente discrecionales".

Además, los peritos señalan que la Consejería de Empleo las dio sin competencias y con cargo a fondos procedentes de un "concepto presupuestario inadecuado", en referencia las transferencias de financiación, y afirma que la baremación elegida fue muy superior a la permitida por el Ministerio de Trabajo.