¿Las ayudas «privilegian» a los inmigrantes?

Los andaluces que responden que sí se duplican, acercándose al 50%

El séptimo estudio de opiniones y actitudes de la población andaluza ante la inmigración (OPIA) revela que ante la salida de la crisis los inmigrantes son considerados un colectivo «privilegiado» en la protección social pública y se han duplicado (del 21 al 44%) los encuestados que así lo creen.

El OPIA es un estudio que desde 2005 realiza bienalmente el Observatorio permanente andaluz de las migraciones (OPAM), dependiente de la dirección general de Migraciones de la Junta de Andalucía, y cuya séptima edición se basa en 2.475 entrevistas telefónicas efectuadas entre el 27 de abril y el 17 de mayo de este año, centrada en los posibles cambios en la percepción de los andaluces sobre los inmigrantes ante la progresiva recuperación económica.

El informe indica que «se ha instalado en la sociedad un recelo a destinar el gasto público a compensar las desventajas que distancia a la población inmigrante del resto de la población en nuestra sociedad» ya que el 44% de los encuestados considera que el Estado ofrece «mucha o bastante protección» a este colectivo cuando en el anterior OPIA, de 2015, sólo opinaba así el 21% y desde 2011 había descendido la creencia en una «sobreprotección» estatal respecto a los inmigrantes.

El 46,10% de los encuestados opina que «aunque tengan los mismos ingresos, se les da más ayuda a la población inmigrante que a la española», frente a un 42,34 % que opina lo contrario, y en concreto «parece haber calado entre la población el discurso del abuso sanitario por parte de la población inmigrante y de la existencia de un determinado turismo sanitario», ya que el 49,8% considera que los inmigrantes abusan de la sanidad pública frente a un 39,8% que no lo cree así, según el estudio.

Del informe se desprende que son más los andaluces que perciben la inmigración como muy positiva o más bien positiva, el 44% –un 9% más que en la última edición–, que los que la perciben de forma negativa (38 %).

El 69,5% de los encuestados no se considera racista frente a un 23% que admite serlo algo (entre un 3 y un 5 en una escala del uno al diez) y un 5,8% que se confiesa «bastante o muy racista».

De hecho, a partir de los resultados, el estudio clasifica a los encuestados en cuatro perfiles siendo el mayoritario el de los tolerantes (el 61,7%) –jóvenes o personas de mediana edad, con estudios medios o altos, de centro izquierda y con trabajo–; y muy minoritario el de los excluyentes (5,1%) –hombres mayores de 50 años, parados, con estudios de primer o segundo grado y de derechas–.

En medio, y casi en igual proporción (algo más del 16%) se sitúan las «personas alejadas» que valoran la inmigración y están de acuerdo con que se les concedan derechos y ayudas pero prefieren mantener cierta distancia con el colectivo y las «personas vulnerables», quienes comparten espacios con los inmigrantes y tienen reticencias a la adquisición por parte de éstos de derechos y a su competencia en el ámbito laboral.