Las protestas sindicales por la vuelta de las 35 horas cierran por vacaciones

CC OO, UGT y CSIF posponen las movilizaciones para defender a los empleados públicos hasta el próximo 12 de septiembre

Siete semanas de «impasse» se han tomado los sindicatos para comenzar sus reivindicaciones para exigir la vuelta de las 35 horas semanales de trabajo para los 270.000 empleados públicos de la Junta. Después del varapalo que esta semana propició el Tribunal Constitucional al aceptar el recurso del Gobierno de España y suspender cautelarmente el decreto andaluz, las reacciones políticas se sucedieron. Los sindicatos incluso se reunieron de urgencia el martes con el líder del PP-A en Andalucía, Juanma Moreno, que se ofreció a mediar con el Ejecutivo para lograr la retirada de la medida cautelar. El mandato del Constitucional debe comenzar a cumplirse de inmediato. Las protestas para evitar lo que consideran «un ataque» a los derechos laborales de los trabajadores públicos no llegarán, sin embargo, hasta el martes 12 de septiembre, un día después de que comience el curso escolar. Ese día todos los afectados están convocados a concentrarse ante las ocho subdelegaciones del Gobierno. La fecha de la manifestación conjunta prevista en Sevilla aún está por determinar, según se colige del comunicado remitido ayer conjuntamente por las tres centrales sindicales. Los integrantes de la Mesa General de Negociación Común del Empleado Público avanzan al unísono en esta cuestión y solicitaron al resto de fuerzas que se unan a ellos «ante la gravedad de la situación».

El calendario prevé que las protestas se extiendan a todo septiembre, sin descartar «la convocatoria de huelga ante el ataque recibido y la inmovilidad del Ejecutivo que ignora el acuerdo sindical de estas organizaciones y la Junta», señalaron.

La propuesta que barajaría el Gobierno de aplicar selectivamente a partir del año que viene la reducción de horas a los funcionarios y el personal laboral no está precisamente muy alejada del citado acuerdo, firmado en junio del año pasado. Mientras el sector sanitario se acogió desde enero a la medida, en educación no estaba previsto que comenzara a aplicarse hasta septiembre, cuando arranque el curso. La decisión del Constitucional supone un trastorno en ese calendario, por el que los docentes recuperarían una hora en el curso 2017/2018 y la siguiente en el 2018/19. El acuerdo también contemplaba la devolución gradual de la paga extra de 2012, que el resto de comunidades autónomas ya han abonado. En Andalucía, hasta febrero del año que viene no se reembolsará por completo, seis años después.

La Consejería de Educación se reunió ayer con los representantes de los trabajadores para tratar la cuestión de las 35 horas. Según informó el sindicato Ustea, les trasladó que en cuanto a la reorganización de los centros educativos «todo sigue según lo previsto», por lo que «la Resolución provisional de la colocación de efectivos de Secundaria se publicará a finales de esta semana o la siguiente». Fuentes de la Consejería aclararon en este sentido que se encuentran «a expensas de lo que decidan el Gobierno y el Tribunal Constitucional». «No somos insumisos», admitieron.

Si no se produce un cambio de criterio del TC antes de septiembre, obligaría a los centros a reordenarse con los mismos efectivos que en los años previos y se retrasaría otro curso más la ejecución del acuerdo. Según los cálculos sindicales, el recurso del Gobierno, además de frenar la recuperación de derechos, podría paralizar la contratación de seis mil plazas en los dos próximos años –cinco mil de profesorado y otras mil de personal administrativo–.

Desde la Consejería de Hacienda, por su parte, reiteraron la necesidad de conformar «un frente común de fuerzas políticas y sociales para proteger a los empleados públicos andaluces». Fueron los sindicatos quienes advirtieron el martes de que debía cesar «el uso partidista» que están haciendo ambos gobiernos, central y autonómico, de la cuestión. El PP andaluz, por boca de su líder, se ha alineado reiteradamente con la opción de dirimir la reducción de las 35 horas sin la figura de la suspensión cautelar, incluso antes de que se decretara. Moreno se ofreció como interlocutor con el ministro Cristóbal Montoro, quien todavía no se ha pronunciado, más allá de la posibilidad planteada de revertir la medida en todo el país de forma escalonada por sectores en 2018. Hacienda insistió en que la «fórmula jurídica» para revertir la suspensión del decreto sería simplemente que el Gobierno presente «un escrito solicitando el levantamiento». «Quien solicita que se aplique la suspensión cautelar tiene también la capacidad para solicitar su levantamiento», aclaró en un comunicado. Para esto, dispondría de un plazo de cinco meses, que expiraría casi a finales de año, que es también el tiempo máximo que a priori se extendería la medida cautelar. «No entendemos el empecinamiento del Gobierno de la Nación en contra de un decreto que implanta una medida que él mismo quiere empezar a aplicar a partir del próximo año», lamentó la Consejería. Sobre la comisión para abrir un diálogo bilateral al respecto, creada en enero, ni una ni otra administración se han pronunciado.