Lora paga 500.000 euros más por un crédito que el alcalde ordenó dejar de abonar

El Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) está pagando el doble por un crédito de medio millón de euros que solicitó a Banesto debido a que el alcalde, el socialista Francisco Javier Reinoso, en una «decisión personal que comunicó únicamente de forma verbal» a la Intervención y que ésta acató, decidió dejar de pagar el préstamo. Loreños Independientes (LIS) ha llevado los hechos a los juzgados de Lora, tras una primera desestimación por parte de la Fiscalía.

Un crédito de casi 500.000 euros de 2005 ha acabado superando el millón de euros. En la querella de LIS, a la que tuvo acceso LA RAZÓN, se denuncia al alcalde Francisco Javier Reinoso y al que fuera edil de Hacienda Juan Miguel Parra, así como al ex interventor Manuel Ramos.

La operación crediticia se remonta a 1986, cuando la Corporación aprobó un crédito de 117 millones de pesetas (703.184 euros) para la «refinanciación de deudas preexistentes». En 1992, cuando vencía el préstamo, se registraba una deuda de 790.330,92 euros por el «impago» y los intereses, llevándose a Pleno «una moratoria». La deuda vuelve a empezar a pagarse en 1995, estando ya como concejal el actual alcalde, que votó a favor. Se acordó un plan de pagos con Banesto hasta que en febrero de 2005 el Consistorio loreño dejó de abonar por decisión del regidor. Entonces, quedaban por pagar 496.821,40 euros. El banco vuelve a denunciar en 2006, con una deuda por los intereses de 517.920,53 euros.

Un juzgado de Primera Instancia de Lora condenó al Ayuntamiento a pagar la cantidad que debía a Banesto, más los intereses de demora y las costas, tras varios recursos de la Administración local ante la Audiencia y el Tribunal Supremo, todos desestimados.

Hasta noviembre de 2011, seis años después de la «decisión unilateral y arbitraria» de dejar de pagar, el Pleno desconoce el «caso Banesto», al no haber «resolución escrita ni expediente administrativo». Ante la negativa del alcalde de dar explicaciones en plenos», algunos grupos deciden «poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos», propuesta que fue tumbada. Los propios ediles, entonces, llevaron el caso al Ministerio Público y al Tribunal de Cuentas. La Fiscalía desestimó la demanda de la oposición ante una decisión «ilegal, arbitraria e injusta», exponen los denunciantes. El Ministerio Público entendió que no había indicios para imputar al alcalde, a pesar de que abrió diligencias sobre los hechos, alegando que no se trata de «prevaricación omisiva». El Tribunal de Cuentas sí ha remitido a la sección de enjuiciamiento el caso, al tratarse de hechos que «indiciariamente al menos pueden constituir ilícito contable».

La oposición ya presentó una denuncia anterior debido a que el Consistorio fue embargado por impagos. El alcalde alegó que paralizó los pagos debido a que se «estaban generando dudas» en relación al préstamo, tras una operación de saneamiento de activos tóxicos por parte del Fondo de Garantía de Depósitos, después de la intervención de Banesto por parte del Banco de España en 1994. Los concejales de la oposición acuden de nuevo a la Justicia por lo que entienden un caso de «prevaricación», ya que la decisión de no pagar el préstamo la adoptó el alcalde de forma verbal y sin pasar por Pleno. La denuncia habla de que el regidor «no sigue los trámites legales, pensando en el rédito político» y «las consecuencias las afrontamos entre todos».