Los centros concertados reclaman no ser «subsidiarios» de la educación pública

Piden a Imbroda que no caiga en enfrentar ambos modelos porque el debate es «demagógico»

La educación concertada quiere pasar página y encarar una nueva etapa basada en el diálogo y el respeto. «Creo que la intención de los responsables de la consejería es buena», apunta a LA RAZÓN Carlos Ruiz, secretario general de Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), en referencia a las declaraciones del nuevo titular del ramo, Javier Imbroda, sobre su apuesta por la educación pública, pero también por la libertad. La organización mantuvo recientemente un primer encuentro con Imbroda, al que recordó una serie de reivindicaciones que lleva planteando a la Junta desde hace años. Una de ellas es la consolidación de la complementariedad de redes, de manera que los centros concertados no sean «subsidiarios» de la educación pública. «Mientras no se dé en igualdad de condiciones no podremos hablar de auténtica libertad», apunta Ruiz, quien exige al consejero una «justa financiación» de los conciertos educativos, con el fin de «ir acortando progresivamente las diferencias entre los profesionales de una y otra red» y que los padres y alumnos de la concertada, «además de compartir idénticas obligaciones, gocen de los mismos derechos que los de la pública». En este sentido, apunta que «a quienes más perjudica la discriminación es a las familias más desfavorecidas, pues se les priva de la posibilidad real de elección».

Ruiz reclama a Imbroda un «diálogo sincero y abierto» con todos los estamentos de la comunidad educativa. Una interlocución permanente en la que los padres y los profesionales «deben ocupar un lugar destacado». En este punto, avisa de que el supuesto enfrentamiento entre la educación concertada y la pública es «ficticio», un debate «avivado por los partidos políticos que poco tiene que ver con la realidad de los padres y docentes». «Emplee sus energías, y las de su equipo en mejorar la educación y en no fomentar la confrontación que distrae y perjudica», insiste, además de señalar que el enfrentamiento entre uno y otro modelo resulta «contaminado, obsoleto y demagógico». Otra cuestión que considera prioritaria la organización es la «calidad educativa», una vez ganada la batalla de la «equidad». Ruiz señala el problema del fracaso escolar y el hecho de que la educación andaluza ocupe «los últimos puestos». Esta reclamación está vinculada a uno de los principales caballos de batalla de ECA en las anteriores legislaturas socialistas: la demanda social de los centros concertados. «Si un centro no tiene demanda, pudiendo tenerla, habrá que preguntarse por los motivos. Si los resultados académicos no son deseables habrá que cuestionarse lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero no podemos atrincherarnos eternamente en falsas cuestiones ideológicas que lo único que pretenden es disfrazar la auténtica realidad».

La organización cuenta en Andalucía con 400 colegios, donde trabajan 16.000 profesionales y estudian 225.000 alumnos. La libre elección de centro es una máxima que viene defendiendo ECA y que el nuevo Gobierno está dispuesto a respetar. «Nuestra experiencia nos dice que, con independencia de su posicionamiento político y religioso, los padres quieren que sus hijos tengan la mejor formación posible, que se les trasmitan valores y que adquieran una disciplina que les sirva de garantía para afrontar unos estudios superiores o su inserción en el mundo laboral», sostiene Ruiz, quien recuerda que el artículo 27 de la Constitución consagra el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Por tanto, la Administración educativa «no puede ni debe usurpar un derecho que no le corresponde». Junto a ello, más en el plano organizativo, ECA reclama una mayor coordinación entre la consejería y las delegaciones provinciales, puesto que estas, en algunas ocasiones, actúan «a su libre albedrío hasta el punto de caer en tomas de decisiones distintas e incluso contrapuestas».

¿Están asegurados los conciertos en esta nueva etapa? Ruiz espera que, al menos, se respete el acuerdo al que se llegó con el anterior equipo socialista: «Mientras tuviéramos demanda suficiente no se cerraba ninguna unidad». Atrás quedaron los años en los que la Junta retiró conciertos, especialmente a centros católicos, abriéndose una dura batalla judicial y la pertinente movilización de padres y docentes. Sin embargo, en el plano laboral, quedan cuestiones pendientes, como el abono de la deuda salarial relativa a la paga extraordinaria por antigüedad. También la negociación sobre las jubilaciones parciales, la mejora del periodo de acumulación de lactancia, la creación de un complemento para el personal de administración y servicios y el acceso a la formación. Planteamientos sindicales que ECA considera «justos», al igual que otros que lideró anteriormente, como los impagos que sufrían los docentes cuando acababan de ser contratados. «Fue hace tres años y el descontrol fue tremendo, ya que la gestión de la Administración era muy lenta», recuerda.

Sobre la medida que incluye el pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en relación a la implantación del Bachillerato concertado, así como la educación Infantil de cero a tres años en los mismos centros, ECA ve con buenos ojos la iniciativa, que «ya se ha aplicado en otras comunidades».