Los ERE: una «bomba» explosiva

Un ex viceconsejero de Empleo confirma que el consejero Recio estuvo en la cumbre exprés de noviembre de 2010 y un ex director general acusa a la testigo clave de borrar del servidor «todo el archivo informático» de las ayudas al día siguiente

La idea de fondo de la ya conocida cumbre del fin de semana de noviembre de 2010 que marcó un antes y un después en el «caso ERE» en el seno de la Junta era lograr, a priori por la vía del disimulo, un dibujo de situación y un plan de reacción. El ex viceconsejero de Empleo, Justo Mañas, admitió ayer en el juicio de la rama política de la «macrocausa» que el entonces consejero del ramo, Manuel Recio, convocó a «algunas personas» a consecuencia de que había saltado a la prensa que en el ERE de Mercasevilla se habían colados «intrusos», beneficiarios de los fondos públicos sin haber trabajado nunca en la empresa. Confirmó lo dicho antes por otra testigo, la ex asesora María José Rofa, al ratificar que estuvo, no se acordaba si el sábado o el domingo por la mañana –según Rofa el segundo día– con el consejero –Recio rememoró en Sala que ese fin de semana estuvo en Almería– «en la sede de lo que era la Dirección General de Empleo». ¿Qué hicieron allí? «Viendo un poco como se podía abordar esta bomba que nos había surgido», reconoció Mañas. A ellos se les sumó el ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el entonces jefe de gabinete y la directora gerente del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Querían «establecer algún sistema» para «aclarar» qué «es lo que había detrás de la información que había salido» publicada. De acuerdo al relato del testigo, fue a partir de aquel encuentro cuando «se pusieron en marcha las comisiones de investigaciones reservadas» que analizaron en un primer momento «el expediente de Mercasevilla» y con posterioridad, «el resto» ligado a las subvenciones sociolaborales que había repartido el Gobierno andaluz. Éstas avanzaron y se comprobó que no era «un caso ni dos» la aparición de los llamados «intrusos» por lo que «se toma» una decisión: «Decir 'paramos los pagos' hasta que sepamos realmente qué es lo que hay en la totalidad de los expedientes vivos –que requerían aún el desembolso de fondos de la consejería–. Se estuvo trabajando durante meses», narró el ex viceconsejero. Cuando se tuvo una «imagen» que consideraron «fehaciente» de lo sucedido «se volvió otra vez con un proceso de refinanciación póliza a póliza que llevaba ya la fiscalización particular», aseveró, lo que implicó que no se levantaran los pagos «de manera automática». En ese sentido, aceptó que se les puede acusar de «haber tratado de matar moscas a cañonazos», al paralizar el derecho a unos cobros que tenían unos «6.000 ciudadanos» frente al «2 o el 3%» que fue incluido de forma irregular, si bien matizó que, dado el escándalo, «parecía prudente pecar por exceso» y no «por defecto». Su memoria no le permitió afirmar cuántos expedientes se «refinanciaron» con exactitud con él al frente de la viceconsejería, pero los situó entre «cinco y siete». Y sólo entonces, «el consejero le encargó que viera» si eran capaces de «poner en pie un mecanismo más reglado», con lo que reconoció de forma implícita que antes no lo había. Se comenzó a andar en la confección de una orden de ayudas que «se ajustase lo más» posible a «la que es la Ley de Subvenciones» y ésta se publicó en abril de 2011. En ese punto, el ex viceconsejero quiso hacer hincapié en que se intentó mejorar el procedimiento que se había seguido durante casi una década para dar fondos públicos sobre todo en dos aspectos: la incorporación de «nuevos requisitos de fiscalización específica» y la solicitud por parte de los solicitantes de las subvenciones así como la verificación de sus datos. Preguntado por la Fiscalía sobre si las ayudas excepcionales anteriores a esa fecha no fueron fiscalizadas, respondió que sí, pero de una forma «general» o «global», como, de acuerdo a lo que le transmitieron a él, «era lo que la Ley de Presupuestos requería».

Mañas contó también en la Sala que se reunió con aseguradoras y sindicatos para tratar de mantener «el mecanismo de pagos» a los beneficiarios y que las primeras confesaron en algún caso «porcentajes de dos cifras –una de las patas de la investigación que se juzgará en otra pieza es que la Junta les abonó comisiones superiores al precio de mercado–». A lo largo de su interrogatorio, flojas las cuerdas, el testigo no coincidió con Rofa, sin embargo, en otro extremo de lo ocurrido. Expuso que abordó con ella el tema de Mercasevilla y que aquélla le remitió «tres informes con carácter general» hilados al programa 31L, el denominado «fondo de reptiles» que nutría los ERE, a su situación económica y a las empresas «acogidas» a éste. «Sin más», lanzó. Le informó del «déficit» que existía en la dirección general, pero no del informe que la firma Pricewaterhouse realizó sobre el riego de dinero al tándem empresarial Rosendo/Sayago, de cuyas anomalías no sabía; ni de solicitudes de información de la Agencia Tributaria. Sin embargo, Rofa declaró ante la Guardia Civil que había mantenido encuentros con el viceconsejero donde se habló de las sociedades en concreto de Sayago y anotó que él y Rivera habrían «tenido conocimiento» de que «habían obtenido fondos públicos de forma ilícita».

El otro aludido en esas palabras, Rivera, no dudó ayer en lanzar en el juicio una acusación contra la ex asesora que se ha convertido en una testigo clave por la información que ha aportado. Se le «cerró el despacho y se la envió fuera de la Dirección General de Trabajo», rememoró y al ser preguntado por los motivos desveló que «el día después» del ya famoso fin de semana de noviembre de 2010 que, de acuerdo a su visión se celebró de forma «no secreta» pero «sí con ámbito de cierta discreción» aunque no hubo «ni quitar ni poner», borró «todo el archivo informático que había con respecto a las ayudas en el servidor» del departamento. Le atribuyó la responsabilidad de «la custodia de los expedientes» y negó que le comunicara la existencia de pagos cruzados.

Con modos a veces toscos, Rivera manifestó que «desde el primer día» que llegó a su cargo fue consciente «como un guantazo-realidad» de que «se habían adquirido unos compromisos» con terceros que no podía afrontar. Pese a emplear a lo largo de su declaración expresiones como «dinámica perversa», «nos pilló el maremágnum», «realidad escondida» o «situación explosiva», defendió que nunca le avisaron de cuestión delictiva alguna, «ni siquiera irregular». Él tampoco sospechó, al dar «por sentado» que la ayudas se otorgaron adecuadamente. Convino con Mañas en que el interventor de Empleo no alertó de carencias en su fiscalización. «Gran parte cumplían un objetivo legítimo amparado por el ordenamiento, otra cosa es la cuestión del procedimiento», remató.

Personal «contaminado» en Empleo

El ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera unió ayer en el juicio de la rama política del «caso ERE» la colaboración con la Justicia de la Junta con «el personal no contaminado» del departamento que capitaneó. Contó que optaron por abrir expediente administrativo de reintegro a «la gente que estaba en la duda». Es más, llegó a afirmar que es probable que se excedieran «en el celo». «Toda situación medianamente anómala o dudosa no solamente se comunicó al juzgado sino que hubo una interlocución directa con la Policía Judicial», dijo.