Los funcionarios andaluces, los más castigados de toda España en la crisis

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que contemplan una subida salarial del 1 por ciento para los funcionarios y la recuperación de la paga extra suprimida en 2012, ponen a la Junta en un brete, obligándola a hacer algún tipo de guiño adicional en las cuentas del próximo año para evitar una revuelta sindical a la vuelta de verano.

El anuncio de Mariano Rajoy ha cogido al Ejecutivo andaluz a contrapié. Los tiempos electorales –Andalucía tuvo elecciones en marzo y las nacionales serán a final de año– tampoco van acompasados y eso se nota. El Gobierno central trata de desahogar la corbata a los funcionarios del Estado con la devolución este año de otro 25 por ciento de la extra, que se suma al 25 por ciento ya reembolsado en 2015. Está previsto que el 50 por ciento restante lo reciban en dos plazos en 2016. La medida tiene un amplio impacto. Afecta a 2,5 millones de empleados públicos. En total supone un esfuerzo extra de casi 800 millones de euros al Gobierno.

La comparación con Andalucía es llamativa. La Junta siguió recortando a sus casi 270.000 funcionarios la mitad de las pagas extras de 2013 y 2014 para dar cumplimiento a su plan de reequilibrio económico financiero, que contemplaba la eliminación de los complementos adicionales de las dos pagas y la reducción de un 10 por ciento de las percepciones variables. La de verano de 2015 ha sido la primera que han cobrado íntegra después de tres años de duro ajuste. Además, la Junta no ha devuelto aún ni un céntimo de lo recortado, pese a que el ex vicepresidente de la Junta Diego Valderas accedió a los ajustes bajo la promesa de que los funcionarios verían recompensado su esfuerzo en cuanto mejorara la situación. La Junta no ha devuelto ni siquiera el primer 25 por ciento de la extra de 2012 como sí lo han hecho otras comunidades para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que apuntan a que no es posible una bajada de sueldo con efecto retroactivo. Este 25 por ciento es relativo a los 44 días que van desde el 1 de junio de 2012 a mediados de julio, que es cuando entró en vigor el Real Decreto del Gobierno que contemplaba la bajada salarial. El verano de 2012, conviene recordarlo, fue el verano «horribilis» de la crisis, en el que España se asomó al precipicio de la intervención, con una prima de riesgo que llegó a los 685 puntos básicos y el bono a diez años al 7,51 por ciento. Unos costes de financiación inasumibles que ahora se ven con alivio por el retrovisor: en 2015, la prima ha planeado incluso por debajo de los 100 puntos.

La presidenta andaluza, en una reunión que mantuvo a mediados de julio con representantes de CC OO, UGT y CSIF, se comprometió a que el reembolso del primer 25 por ciento de la extra de 2012 lo haría efectivo en febrero de 2016, pero ahora los sindicatos ven esa fecha muy lejana. Y la compensación muy escasa si se compara con el compromiso adquirido por el presidente del Gobierno.

El nuevo escenario, en cualquier caso, puede ser propicio para los funcionarios andaluces. La suma de los votos de PP, Podemos y Ciudadanos supera holgadamente la mayoría absoluta en la Cámara autonómica. El PP andaluz se ha mostrado a favor de devolver a los funcionarios los recortes de la crisis, tal y como pretende hacer Rajoy a nivel nacional.