Los monitores de educación especial amenazan con una huelga a nivel regional

La suspensión de los procedimientos de licitación en al menos cuatro provincias ahoga aún más a un colectivo que acumula años de precariedad y demandas a la Junta sin éxito alguno.

El curso escolar 2016-17 arranca cargado de polémica y más de una complicación para el Gobierno andaluz. Al ya conocido problema de los interinos, que llevan semanas manifestándose por toda Andalucía en contra de los recortes, se suma ahora la amenaza de huelga por parte de los monitores de educación especial, un colectivo que sufre una alarmante precariedad laboral por parte de las empresas que subcontrata la Administración autonómica. Para colmo, éstas se hallan inmersas ahora en una batalla jurídica que ha provocado que se suspendan los procedimientos de licitación en al menos cuatro provincias, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada, mientras el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta se pronuncia, lo que acarreará que se prolonguen sine die unas condiciones que consideran indignas para la labor social y educativa que desempeñan sin que llegue una solución duradera que pasaría por que la Consejería de Educación los incluyera como personal laboral.

ISE Andalucía tiene encomendada la contratación de los monitores de Educación Especial, de Apoyo Administrativo y de Interpretación de Lenguaje de signos para los centros educativos públicos. La principal queja de este colectivo que conforman casi 900 personas en toda la comunidad es que las empresas adjudicatarias «no cumplen ni el convenio colectivo ni el pliego de condiciones de ISE», generándose tiempo atrás incluso situaciones de insolvencia que generaron deudas, que en casos como el de Málaga aún no han sido saldadas en su totalidad. De hecho, la portavoz malagueña Mili Vega recuerda que «aún nos deben tres meses».

Pese a que los contratos de licitación anual no vencen hasta noviembre –el ISE ha tratado de unificarlos–, y el servicio podría comenzar con la anormal situación ya implantada, la precariedad es tal que las distintas plataformas provinciales sopesan unirse para iniciar medidas de presión como un día de paro, realizar encierros en centros de enseñanza e incluso convocar una huelga a nivel regional que visibilice en toda Andalucía el problema, pues portavoces del colectivo recuerdan con amargura que ya Huelva estuvo en huelga indefinida sin éxito y lo único que vieron fue una merma casi total de unos salarios que apenas superan los 600 euros.

Y es que las condiciones laborales no tienen la menor correspondencia con la labor social y educativa que realizan. Ni más ni menos que la integración escolar de menores con necesidades educativas especiales desde Infantil a Secundaria. Entre sus funciones se encuentran prestar atención en las actividades de ocio y tiempo libre, instrucción en conductas sociales y actividades básicas de la vida diaria, ayuda y aprendizaje del control de esfínteres, atención en los desplazamientos por el centro, integración en el equipo de orientación, colaborando con el tutor y con el resto de especialistas en la elaboración y ejecución de las adaptaciones curriculares o refuerzo educativo.

Mili Vega explica que todo parte de una licitación del servicio «muy a la baja» que impide a las empresas «respetar la antigüedad y los sueldos», entidades hacia las que, según las trabajadoras, existe incluso «cierto favoritismo». «La realidad es que no puedes enfermar o quedarte embarazada porque las empresas no te suplen con normalidad», añade indignada. «Te clasifican como cuidador cuando somos monitores», sentencia.

Samu, Celemin, Aires Creativos, Fepamic, Eulen... Las entidades cambian pero los problemas se repiten por toda la geografía andaluza. El colectivo entiende que se produce una «cesión ilegal de trabajadores a la Junta de Andalucía», porque «para el colegio yo soy a todos los efectos trabajador de la Junta». Las denuncias se han sucedido por este motivo y por incumplimientos de convenio, pero aún no ha llegado una sentencia firme. De hecho, Vega pone en duda la credibilidad de estas empresas que en algún caso no tienen ni sede ni plantilla acorde al contrato que han de ejecutar.

Patricia Cuadrado, portavoz de la asociación sevillana y miembro del comité de empresa, defiende que con el presupuesto que hace el ISE no se puede contratar a personal fijo: «Somos fijos-discontinuos, con jornadas de 25 horas, sin vacaciones y con los pliegos de condiciones que fija el ISE no se cubre el convenio». La respuesta de las empresas es que «se acogen a la Ley de Contratación Pública y no pueden vetarla al no haber sentencia firme». La Junta no regulariza la situación porque «somos más baratos», explica Patricia.

Pese a que el colectivo está integrado por maestros, pedagogos, trabajadores sociales... en la práctica se encuentran a un nivel muy inferior al de un docente. Se da la circunstancia de que la Junta tiene una segunda vía de contratación de estos monitores, los contratados como personal laboral –que son los menos– lo que aumenta el sentimiento de discriminación que sufren en la actualidad. «La política del miedo» ha podido hasta ahora con un colectivo «frágil», pero la unión de sus miembros va in crescendo. Si las demandas interpuestas no fructifican, las reivindicaciones continuarán.