Núñez Bolaños cede el «caso ERE» al juez de apoyo tras forzar la marcha de Alaya

Álvaro Martín tendrá que dejar los asuntos ordinarios del juzgado y culminar cuanto antes las seis piezas piloto, entre ellas la que afecta a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 50 ex altos cargos de la Junta de Andalucía

Mercedes Alaya tenía el convencimiento de que su sustituto en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla sería Álvaro Martín, su refuerzo desde septiembre de 2013, o Ana Rosa Curra, la jueza que la sustituyó durante su baja por enfermedad. Los dos pidieron la plaza. Ya con María Núñez Bolaños como titular del despacho, el 13 de octubre de 2015, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dando marcha atrás a su idea inicial, propuso por unanimidad al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sólo Álvaro Martín Gómez –y no Alaya, tras un escrito contra Núñez Bolaños y después que el TSJA rechazara asignar todas las macrocausas a la primera– siguiera como juez de refuerzo. Ahora, el magistrado, tras las críticas de las partes a Núñez Bolaños por sus rectificaciones al compartimentar el «caso ERE» –el 9 de noviembre ella admitió que la resolución por la que troceó el caso era defectuosa tratando de mejorar el reparto con un auto aclaratorio–, será quien instruya las seis primeras piezas en que ha dividido la causa, entre las que se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas y que está abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sala de Gobierno del TSJA aprobó ayer mismo el plan de actuación presentado conjuntamente por Núñez Bolaños y el magistrado en comisión de servicio, Álvaro Martín, asumido por éste, «en un marco de plena colaboración y entendimiento». Este visto bueno supone que el juez Álvaro Martín, delegado en Andalucía Occidental de la Asociación Profesional de la Magistratura, abandone los asuntos ordinarios –de los que se ocuparía un nuevo refuerzo, según la propuesta– y se dedique exclusivamente a la instrucción de estas seis primeras piezas piloto del «caso ERE». En enero se cumplen cinco años desde que arrancara la investigación.

El acuerdo propuesto sería temporal y se revisaría en función de las necesidades del órgano judicial así como cada tres meses, cuando se enviaría un informe a la Sala de Gobierno del TSJA. En su petición, se incluye una solicitud para crear una Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción, que permite recabar asistencia de otros jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente contenciosa. Esta Unidad se recoge en una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en vigor el 1 de octubre.

Núñez Bolaños –quien, por otro lado, ha impuesto 368.296 euros de fianza al responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de Cespa, José Antonio Pérez Santos, en relación a la huelga de la limpieza en Granada de 2004– acordó despiezar del «caso ERE» matriz el procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas; las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones; las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica, y Cenforpre; y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.

La propuesta ha sido «consensuada» entre la titular del juzgado y el juez de refuerzo. En octubre de 2013, el TSJA, además de apartar a Alaya, acordó que Núñez y Martín propusieran conjuntamente «la oportuna distribución de cometidos» en relación a las «macrocausas», «sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura». La Sala de Gobierno del TSJA decidió apartar de la investigación de los ERE fraudulentos, y todas su derivadas, a Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, debido a su «clara voluntad de no colaboración» con la jueza titular, María Núñez Bolaños, y para «evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto». El CGPJ ratificó la decisión tras un período en el que Alaya esperaba su nombramiento en «comisión de servicio» –al modo del juez Ruz con los papeles de Bárcenas y Gürtel– en el juzgado que ya dirigía Núñez.

El TSJA también incidió posteriormente respecto a la división del «caso ERE» en que Alaya «ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única» de la causa, «insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial».

De haber continuado en comisión de servicios, Alaya probablemente habría estimado los recursos de las defensas contra la división del caso. El TSJA siempre se ha mostrado a favor del despiece para agilizar el proceso. A ello se suma la animadversión manifiesta entre Alaya y Núñez, más aún tras cuestionar la ahora jueza de la Sección Séptima la capacidad de su sustituta y aludir a su cercanía con la Junta. «Me inquieta que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora», señaló en su escrito.

«La nueva titular me genera una gran inquietud, pues, al margen de sus escasos conocimientos de la jurisdicción penal por su veteranía como juez de Familia, dicha ausencia de confianza deriva de datos objetivos de su actuación», expuso, señalando que «las máximas de seriedad y rigor necesarios no se dan en María Ángeles Núñez frente a la experiencia y los resultados que humildemente, pero también de manera innegable, avalan mi trayectoria». Bolaños, públicamente, no contestó. El TSJA sí, reconociendo «la labor desarrollada previamente» por Alaya y manifestando «lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimientos de la misma», no obstante esta magistrada «ha exteriorizado tanto su discrepancia con la comisión de servicio, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia».