Portazo del Consejo de Transparencia al PP tras pedir información de los ERE

El Consejo de Transparencia ha emitido una resolución en la que invita a la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, a elegir entre los cauces para pedir información al que tienen derecho todos los «ciudadanos», y que contempla la ley aprobada por unanimidad en la Cámara autonómica en 2014; o las vías específicas para controlar la acción del Gobierno, a disposición de la dirigente popular al ser parlamentaria.

La respuesta es llamativa porque el director de este ente, Manuel Medina Guerrero, despoja a los diputados de un derecho a la información debido a su cargo institucional. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015, a cuenta de la denegación de información por parte del Gobierno valenciano, señala claramente que con la Ley de Transparencia aprobada a nivel nacional «el derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido». «A fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información (...) no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes –las de transparencia– sino que deben suponer el plus añadido imprescindible». El PP andaluz baraja interponer un recurso contencioso-administrativo, cuenta para ello con dos meses desde que recibió la notificación.

Los hechos se desencadenan a raíz de que la diputada del PP pidiera, en el mes de mayo, a través del Portal de Transparencia de la Junta, información relativa a los importes recuperados por los expedientes de reintegro abiertos en los casos de los ERE y los cursos de formación. La Junta consumió los 20 días reglamentarios y los 20 de prórroga que establece la Ley de Transparencia sin ofrecer ningún dato. Ruiz-Sillero, que llevaba un año tratando de conocer esta información y por eso recurrió al Portal de la Transparencia, interpuso la reclamación ahora resuelta.

El Consejo de la Transparencia inadmite la queja de la diputada del PP al existir una «inadecuada utilización del derecho de acceso» contemplado en la Ley de la Transparencia, «ajeno a su finalidad institucional, toda vez que la solicitud de información habría venido a insertarse como un elemento más en la actividad de control del gobierno llevada a cabo hasta la fecha por la reclamante».

La Junta de Andalucía también denegó el acceso a la información de la diputada popular. Tras la queja interpuesta, la Dirección General de Relaciones Laborales «inadmitió» la solicitud de documentación debido a que ésta precisaba de una «acción previa de reelaboración», toda vez que tenía que recabarla en parte del gabinete jurídico de la Junta, que tiene dos centros con bases de datos distintas, por lo que «los criterios de búsqueda son muy limitados». «Actualmente –abunda el escrito– se está trabajando en un nuevo sistema de información que se encuentra aún en fase de implantación».

El Consejo de Transparencia, lejos de tomar medidas por la falta de diligencia de la Junta a la hora de trasladar la información, carga en su resolución contra la diputada del PP: «Una vez examinadas las circunstancias concurrentes en el presente caso no cabe sino llegar a la conclusión de que con la solicitud de información formalmente presentada al amparo de la Ley de Transparencia no se pretendía sino prolongar o proyectar artificialmente a un ámbito institucional ajeno la función de control político del gobierno que había venido desempeñando la ahora reclamante en cuanto miembro del Parlamento». «En nuestras resoluciones –continúa el director del Consejo de Transparencia– hemos puesto el acento en que el solicitante de información evite cualquier posible confusión o ambigüedad en la utilización de las dos referidas vías alternativas (Portal de la Transparencia o control a través de la Cámara autonómica). Y ello no sólo porque lo aconsejen elementales razones de seguridad jurídica, sino también porque así lo reclaman relevantes consideraciones de índole institucional».

Los populares estudian acudir a la vía contencioso-administrativa tras la respuesta de este órgano