Salma Hayek no convence a la Junta

«Nos importa poco quiénes sean los compradores». Así de tajante se mostró ayer la consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, tras conocerse que el pasado martes la actriz Salma Hayek y su esposo, el multimillonario francés François-Henri Pinault, visitaron la finca La Almoraima para interesarse por su compra. El Estado reclama 300 millones de euros por el recinto, ubicado en el municipio de Castellar de la Frontera (Cádiz) y expropiado hace 30 años a la familia Ruiz Mateos. Esta operación choca frontalmente con la postura de la Junta de Andalucía, que quiere declarar el latifundio como monte de dominio público y así blindarlo ante cualquier «interés especulativo».

Serrano restó importancia al interés de la actriz por la finca y criticó la posibilidad de que acoja proyectos turísticos «de alto nivel que nada tienen que ver con la gestión sostenible». «Sabemos que esos macrocomplejos, cuando no son rentables, se deslocalizan y son abandonados», subrayó en una comparecencia parlamentaria. La postura de la Junta pasa por ampliar la protección del recinto en 6.000 hectáreas, que pasarían a formar parte del Parque Natural de los Alcornocales. «Para que haya turismo en esta zona, el espacio se tiene que proteger, evitando su deterioro y conservándolo para las generaciones futuras», señaló, al tiempo que lanzó una advertencia: mientras se tramite un nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales «no se podrán realizar de forma cautelar actuaciones que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del parque».

A las razones ambientales y jurídicas para proteger la finca se unirían, a juicio de la Serrano, las motivaciones sociales. En este sentido, citó a la plataforma ciudadana «Por una Almoraima pública», en la que están presentes miembros de varios grupos políticos y más de 30 organizaciones sociales. «Sus planteamientos coinciden con los de la Junta», señaló. También destacó las tradicionales actividades económicas que se han desarrollado en los terrenos, como las recolectivas o cinegéticas. «La superficie de alcornocal existente representa el 50 por ciento de la superficie dedicada a la producción de corcho en Andalucía, lo que equivale aproximadamente a la cuarta parte de la superficie nacional», por lo que la ampliación de la protección «también generaría empleo».

La polémica sigue creciendo y la gerente de la finca, Isabel Ugalde, lamenta que los terrenos están perdiendo valor «por la falta de un proyecto urbanístico y de usos» y por los planes de la Junta. Sin embargo, remarcó que «sigue en venta» y que «se batallará jurídicamente» si se amplía la protección. En este punto, consideró «ilegal» la maniobra de la Junta. Ugalde confirmó la visita de la actriz, aunque matizó que «son sólo algunas de las personas que están interesadas». Eso sí, todas con un «alto poder adquisitivo».

La gerente, no obstante, reconoció la complicación que entraña plantear actuaciones turísticas en los terrenos, puesto que «la legislación es compleja». «Siempre ha tenido usos ganaderos y forestales, pero hay que desarrollarla turísticamente para crear valor», insistió. Para desenmarañar tal galimatías jurídico la gerente aseguró que se contrataría a un equipo de trabajo «que ha hecho muchos proyectos para la Junta y que los conoce muy bien».

Sobre el precio de la finca, señaló que lo fijará el Consejo Consultivo de la Competencia, un organismo que emitirá un informe no vinculante sobre la cantidad real. Posteriormente, será aprobada por el Consejo de Ministros.