«Se ofrece funcionario para chapuzas»

SEVILLA- «Un trabajador debe 2.200 euros a un banco y a él a su vez le adeudan 11.000 por siete meses de trabajo, ¿quién pierde la casa?». El planteamiento, simple, resume lo que está ocurriendo en La Línea de la Concepción (Cádiz). Esa persona, con nombre, apellidos y un hijo de 15 años a su cargo, está esperando que se ejecute la orden judicial de desahucio que pesa sobre su vivienda, ya subastada por el banco por no poder afrontar los pagos. Es funcionario y no ha dejado de acudir a su puesto en este tiempo. Sin embargo, el Ayuntamiento sí dejó de ingresarle su nómina durante medio año largo. Otros compañeros aguardan el mismo destino. Ya sólo es cuestión de tiempo, no tanto de dinero.

El caso de Mauricio está en manos de la Defensora del Pueblo Español. Soledad Becerril, tras recibir «numerosas» reclamaciones, decidió abrir una investigación de oficio esta semana. Ante la previsión de un extenso proceso, lanzó una petición pública a los bancos ante lo que considera «deudores de buena fe», abocados por impagos de una Administración pública.

Entre las 755 familias que dependen directamente del Ayuntamiento –como funcionarios o personal laboral– hay medio centenar de historias verdaderamente extremas. Mauricio, técnico de mantenimiento, cobra un sueldo de 1.400 euros mensuales. Su padre, también trabajador municipal, y su cuñado, de una concesionaria a la que el Consistorio tampoco paga; tenía su red familiar «noqueada». Recurrió a sus ahorros hasta que dejó de tener para comer. Un concejal llegó a llevarlo al supermercado para llenarle la despensa, avergonzado como estaba por haber tenido que recurrir a Cáritas para alimentarse él y su hijo. «Fuimos varios a pedir bolsas de comida. Estar pasando hambre en los tiempos que estamos, ¡y teniendo trabajo...!», reflexiona en voz alta. Ahora está de baja por ansiedad y con sesenta kilos menos a consecuencia del estrés. «Esto es para vivirlo... Pero mi hijo no se va a quedar ni un minuto en la calle», dice en un arranque de orgullo.

Francisco Núñez, trabajador y miembro de la sección sindical del CSIF, corrobora la desesperación imperante. «Hay quienes están perdiendo las casas, comiendo de las familias, les tienen que ayudar económicamente y eso está repercutiendo incluso en las parejas». Aunque es algo «muy íntimo» lamenta que hay matrimonios que se han roto ante la presión. Pero lo extraordinario es que no computan en las listas del paro y, por tanto, están exentos de cualquier ayuda pese al palpable riesgo de exclusión «por culpa del Ayuntamiento», insisten.

Ante eso, los mecanismos de defensa se han puesto en marcha en forma de «chapús». «Muchos están trabajando como pueden por las tardes, tienen que llevar algo para su casa. Aquí no se cobra», mantiene tajante. Es cierto que en los últimos 14 meses han recibido sus ingresos mensualmente –«a veces con retrasos del día 15, el 20...»– pero lo hacen porque la Diputación está aportando el dinero. «Tampoco tenemos seguridad de que el mes que viene cobremos. Y verás la extra de junio, otra más que nos deberán», augura.

Francisco se pregunta cómo los Presupuestos de este año presentan un superávit de seis millones. «Por no gastar, ni pagan lo que deben», se queja. Según los números que manejan, el débito en nóminas alcanza los 14 millones; el déficit total es de 125, a tenor de las cifras aportadas por el PP linense.

Pero la realidad no es tan simple como el planteamiento inicial. Deuda no siempre es igual a desahucio. El Gobierno local defiende que ha prestado su ayuda a quienes lo han solicitado: «Aportando certificados del débito a las entidades financieras se han parado del orden de 60 procesos de ejecución hipotecaria». Se han atendido incluso adelantos puntuales para sortear problemas concretos. «Se ha rebuscado en Tesorería para dar 50 ó 60 euros para pagar la luz. Esto no es sólo a alguien que desahucian, hay mil casuísticas», aseguran las mismas fuentes. Porque perder ese derecho constitucional suena grandilocuente, pero hay otras muchas formas de desbaratar la vida. Como lidiar para garantizar el futuro de los hijos. Los hay universitarios, con una beca Erasmus o matriculados en un centro privado. Cada mes el padre tiene que sentarse a renegociar, aplazar deudas a la espera de que salden la suya. Otros han tenido que «borrarlos» del inglés o las actividaes extraescolares. «El problema es que no hay dinero. No se trata de que alguien venga al Ayuntamiento y exija que le paguen. Una empresa con 750 trabajadores habría cerrado y ya está. ¿Por qué a Jerez le ayuda el Gobierno central y a La Línea no?», se preguntan desde el Consistorio.

Aunque cuando se llega al extremo, se tiende a restar importancia a otros problemas. Carlos dormía en la furgoneta del trabajo y ahora lo hace en el antiguo bar de la piscina municipal. Es el desenlace al cruce de conflictos económicos y personales. Un acuerdo «bajo cuerda» del que no quiere hablar porque teme que dé al traste con su solución de urgencia. Es quizá el caso más dramático, pero en definitiva sólo uno de los 755 que se viven en La Línea, que «también es España», como clama el cartel de la fotografía que abre esta información.

La falta de dinero tiene réplicas más allá del epicentro de los hogares. Todo va entrelazado. Y las dificultades atañen también directamente a lo laboral. Policías que acuden a una reyerta en sus coches particulares, jardineros que llevan de casa las herramientas o vehículos parados por falta de ITV o gasolina. Y una acusación aún más grave: «La Ley de Prevención de Riesgos laborales no se está cumpliendo», denuncia el CSIF. También repercute en el tejido industrial local, el pequeño comercio. «Si no hay para comer, el nivel de consumo en gastos superfluos se reduce y todo se viene a menos», explica la portavoz del PP linense, Teresa García Mellado. «El comercio se queja porque los atrasos le repercuten, se han planteado cerrar los últimos 15 días de cada mes...», lamenta.

En este sentido, critica que la búsqueda de soluciones conjunta es poco menos que una utopía: «Somos un mero convidado de piedra, hay un hermetismo total al respecto». Reclama, por ejemplo, acceso a la documentación remitida al Ejecutivo de Mariano Rajoy para optar a una aportación extraordinaria. En su opinión, la tardía aprobación de los Presupuestos de 2013, presentados el 29 de abril, ha pesado en su contra. Mostraron un superávit de seis millones de euros.

El Ayuntamiento expone el camino que condujo hasta ahí: «Los ingresos por la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) están retenidos al 100% por una deuda de más de 40 millones de euros con la Tesorería de la Seguridad Social y con las retenciones de los trabajadores para Hacienda. A todo eso hay que añadirle que la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica) estaban comprometidos, en parte, mediante adelantos hasta el primer trimestre de 2012 por un 'confirming' bancario». Conclusión: «Sencillamente no había dinero». Por ello, confía todas sus cartas para salir de esta situación a ingresos extraordinarios derivados de licencias o el canon por adjudicación de concesiones municipales. «O bien la tan deseada ayuda gubernamental».

El coste mensual de las nóminas es de 1,2 millones. Ascendía a más, pero entre 2011 y 2012 causaron baja 80 trabajadores; otros 11 más lo han hecho este año. Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, queda pendiente una relación de puestos de trabajo (RPT) que contribuirá a adelgazar esa partida sin recurrir a los temidos despidos. Porque encontrar trabajo hoy en España es complicado; hacerlo en La Línea, donde 11.374 personas lo buscan a diario, parece misión imposible.