Transparencia, «ma non troppo»

El anteproyecto de Ley de Transparencia de la Junta de Andalucía aparece días después de conocerse por la prensa una opaca subida salarial, de la que ya han dado marcha atrás, en el Parlamento de Andalucía. La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, habló de una norma histórica, base para evitar casos «vergonzantes» como el de los ERE porque «no todos los políticos somos iguales». La norma, no obstante, como ella misma reconoció, nace sin potestad para evitar siquiera un incremento de salario poco ético, teniendo en cuenta los tiempos que corren, y poco publicitado. Un «error» y «una falta de sensibilidad» –los argumentos en los que se han escudado a la hora de evitar hablar de dimisiones– que, con o sin Ley de Transparencia, puede producirse de nuevo.

Este semana también, el diputado popular Rafael Carmona se quejó en la comisión de control parlamentario de que, pese a alardear de transparencia, resulta imposible conocer el informe de auditoría de la Cámara de Cuentas sobre el Soprea. A diferencia de informes de otras entidades, «no lo tienen en la web». La fiscalización data de 2010. Transparencia, «man non troppo»; o depende de para qué. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, Antonio Ávila, en la misma sesión, aludió a la Ley de Transparencia para justificar que el administrador único de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía haya solicitado a la Cámara de Cuentas el nombre de los auditores del informe desfavorable sobre la entidad. «No sé qué problema hay en que el administrador de la sociedad, que ve una serie de hechos que no reflejan la realidad, lo traslade», indicó Ávila.

El objeto de la norma, según se recoge el texto, colgado íntegro en la web de Presidencia tras la presentación público, es «la regulación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la transparencia en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso, como instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad de los poderes públicos, promoviendo el ejercicio responsable de dicha actividad y el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena».

En el Título III, el artículo 31 recoge que "las entidades y órganos obligados por la Ley elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de las personas solicitantes de información pública, el listado de las tasas y precios que sean de aplicación a tales solicitudes, así como a los supuestos en los que no proceda pago alguno».

El punto 2 del artículo 3 del Título 1 del anteproyecto indica que «el Parlamento de Andalucía y sus instituciones, el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía, estarán sujetas a la legislación básica del Estado en la materia y a las disposiciones de la presente Ley en lo que afecta al ejercicio de sus funciones de carácter administrativo, sin perjuicio de lo que establezca el Parlamento de Andalucía para sus instituciones en ejercicio de la autonomía que le garantiza el artículo 102 del Estatuto de Autonomía de Andalucía». Por tanto, por aquello de la separación de poderes, el Parlamento (o el resto de instituciones «blindadas» ante esta Ley) podrá aprobar otra subida salarial opaca, por ejemplo. La norma, tal y como está, a partir del citado punto 2 del artículo 3 del Título 1 cojea, quedando exenta de «la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido», como recoge el anteproyecto en el punto 4 del artículo 4.

Hay instancias, por tanto, que escapan a algunos de los principios básicos, recogidos en el artículo 6, de «transparencia», «libre acceso al a información», «responsabilidad», «no discriminación tecnológica», «veracidad», «utilidad», «gratuidad» y «facilidad y comprensión». De producirse una nueva subida opaca de sueldos, el presidente del Parlamento siempre podrá decir, como hizo, que ya no usa coche oficial casi nunca y esos gastos hay que compensarlos.