Un ahorro de 1.163 millones por la liquidez del Gobierno

El secretario de Estado de Hacienda avisa de que la Junta no ha trabajado «con cifras totalmente ciertas» para el Presupuesto de 2017.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cifra en 1.163 millones de euros el ahorro de intereses para Andalucía durante este año por los distintos mecanismos de financiación. Entre 2012 y 2016, el Gobierno ha inyectado a las comunidades y a las corporaciones locales un total de 172.374 millones de euros, según los datos que expuso ayer el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, que compareció por primera vez en Sevilla tras su reciente nombramiento. De este montante, a Andalucía le han correspondido 27.682 millones, la tercera comunidad más beneficiada, por detrás de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. La Junta, sin embargo, critica que la región ya ha pagado 963 millones por los mecanismos de liquidez y que en total tendrá que abonar 1.636.

No obstante, los datos son incluso algo superiores si tenemos en cuenta el cómputo global de todos los mecanismos de liquidez y que actualizó el Ministerio en su portal web el pasado 15 de noviembre. Como avanzó este periódico, sólo la Junta –sin contar los ayuntamientos– ha recibido desde febrero de 2012, que fue cuando se articularon las primeras líneas de financiación transitorias a través del ICO, hasta mediados de noviembre, un total de 29.651 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto de la Junta para todo un año. De hecho, el de 2017 se eleva a 29.477 millones de euros si excluimos el gasto financiero. La previsión es que la liquidez se mantenga en 2017, pero Fernández de Moya exigió «eficiencia» y avisó de incurrir en «dispendio y despilfarro».

Los datos los ofreció Fernández de Moya días antes de que el jueves las comunidades se reúnan en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El cónclave no se prevé del todo pacífico, teniendo en cuenta que hay un grupo de regiones, entre ellas Andalucía, que no están de acuerdo con el reparto del objetivo de déficit, del 0,7 por ciento este año y el 0,5 por ciento en 2017. Lo que reclama la presidenta de la Junta, Susana Díaz, es que las dos décimas adicionales concedidas por Bruselas vayan a parar al conjunto de las autonomías: en el caso andaluz suponen en torno a 300 millones de euros. Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que ésta no es la petición inicial de la Junta. La consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido a lo largo de los últimos meses un reparto solidario entre las regiones y el Estado. Esto es, una décima más para el déficit autonómico y otra estatal fundamentalmente para el pago de las pensiones.

El secretario de Estado de Hacienda evitó adelantar cómo quedará finalmente la negociación. La postura oficial es que hay una interlocución entre el Ministerio y las regiones con una actitud de «mano tendida». Los pormenores tendrán que concretarse en el CPFF.

El segundo asunto importante que abordará el Consejo de Política Fiscal y Financiera es la aprobación del techo de gasto. Una vez que se apruebe, el Gobierno acabará de perfilar el déficit para las comunidades y las entregas a cuenta, que en el caso de Andalucía suponen en torno al 75 por ciento de los ingresos no financieros.

¿Pero qué ocurre en el caso andaluz? La Junta ya ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos, basándose en una estimación de las entregas a cuenta. La consejera de Hacienda aclaró en octubre que esta estimación se hizo en colaboración con el Ministerio y que en ningún caso la actualización de las entregas iba a suponer una revisión a la baja. Si acaso –esgrimió– al alza, debido a que el criterio que ha primado es el de la prudencia.

Las palabras de ayer de Fernández de Moya no sonaron de la misma forma. El secretario de Estado de Hacienda esgrimió que las magnitudes manejadas por la Junta «puede que no obedezcan a la realidad, porque no han trabajado con cifras totalmente ciertas». No descartó, incluso, que se produzcan «limitaciones». Hay que recordar que el Gobierno se enfrenta a una merma de 5.000 millones para cumplir con las exigencias de Bruselas y que ya perfiló en un decreto de no disponibilidad presupuestaria.