Un tercio de los menores condenados habían cometido varios delitos

La delincuencia juvenil desciende, pero crecen las agresiones intrafamiliares y la violencia de género en adolescentes.

«La justicia juvenil funciona». Así de tajante se muestra el coordinador de las fiscalías de menores de Andalucía, José Rogelio Muñoz Oya, frente a los datos recién publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señalan que la comunidad es de nuevo la que mayores delitos concentra de España. «Somos el territorio más amplio por población y extensión, inevitablemente cuantos más habitantes haya, más capacidad de comisión de delitos hay», justifica. A lo largo del año pasado, 3.128 menores fueron condenados como responsables de cinco mil infracciones penales. De ellos, 1.017 tienen en su expediente dos delitos o más, lo que no implica necesariamente que sean reincidentes ya que pudieron vulnerar reiteradamente la ley en un mismo acto. «Desde hace cuatro años, y se ha mantenido en el último, la delincuencia juvenil está bajando, incluso con la crisis que hemos pasado. Eso me lleva a una primera reflexión: la ley funciona y es capaz de dar respuesta a esa situación. Las medidas que se imponen tienen su efecto resocializador, como pone de manifiesto ese descenso que se mantiene en el tiempo», insiste el también teniente fiscal de la Fiscalía Superior de la comunidad.

Andalucía figura como la región con más menores de entre 14 y 17 años condenados. Le siguen Comunitat Valenciana, con 2.214; Cataluña, con 1.493; y Canarias, con 1.019. No obstante, como apunta Muñoz Oya, la cifra sigue disminuyendo frente a las 3.398 condenas contabilizadas en 2014.

La lectura de estos datos debe tener en cuenta que atañe solo a las sentencias condenatorias dictadas en los 14 juzgados de menores –uno en Huelva, Jaén, Cádiz y Almería, dos en Granada y tres en Córdoba, Málaga y Sevilla–.

En total, según datos facilitados por la Fiscalía, el pasado año se produjeron 16.280 diligencias preliminares por delitos cometidos por adolescentes. Éste es el primer paso y puede producirse por una denuncia, el atestado policial o si el propio Ministerio Fiscal tiene conocimiento del caso. De ellos, 5.723 terminaron en expedientes de reforma, que implican una investigación de los hechos por parte del fiscal, y 2.321 presentaron escritos de alegaciones para ser enjuiciados.

No todos los casos finalizan en juicio. Para 1.168 casos se alcanzó una solución extrajudicial, por mediación o reparación del daño; otros 480 fueron sobreseídos en base al artículo 27.4 de la Ley del Menor, que determina que no se aplique medida alguna si el menor está reeducado o se considera que no va a ser eficaz. «Nosotros examinamos tendencias, no tanto el dato al número. Lo importante para juez o fiscal es que la delincuencia descienda progresivamente. Estas estadísticas a veces alarman pero no aportan nada», puntualiza Muñoz Oya, que se muestra optimista con el funcionamiento del sistema. «El nivel de inserción que conlleva la ley es muy alto. Hay un dato que no se puede olvidar, que la delincuencia juvenil sigue descendiendo, eso no lo pone en duda nadie», remarca.

Lo hace a nivel general, pero no en dos ámbitos: la violencia intrafamiliar y de género. El año pasado, se investigaron 926 agresiones en el entorno familiar, a una media de 2,5 al día. La violencia entre adolescentes con una relación afectiva registró 72 casos. También estuvieron implicados en intentos de asesinato u homicidio 12 adolescentes. Los robos con fuerza (899) y con violencia (663) siguen encabezando la estadística; que completan 211 delitos contra la salud pública.

El teniente fiscal considera que ante un menor que delinque, «la primera respuesta debe ser una medida no privativa de libertad. Valorar no solo el hecho delictivo sino las circunstancias en que se se encuentra, ésa es la principal diferencia con los adultos. Nunca podemos perder de vista que la finalidad esencial de esta ley es educativa». Respecto a la reincidencia, señala que el índice en la jurisdicción de menores «es mínimo». «Si presumimos que la medida no ha sido la adecuada, puede ir agravándose en función de la reiteración de hechos delictivos y podrá llegar a ser privativa de libertad». Según el informe del Defensor del Pueblo, se iniciaron 790 medidas judiciales de internamiento en régimen abierto, semiabierto, cerrado o terapéutico, y se ejecutaron 147 de permanencia de fines de semana.

Un punto sobre el que el fiscal llama la atención es «la especial incidencia de los delitos que se cometen a través de redes sociales y móviles», y alerta del incremento de las medidas que incluyen tratamiento psiquiátrico: «Cada vez llegan más deteriorados desde el punto de vista psicológico, generalmente por consumo de sustancias estupefacientes y alcohol. A ellos también les afecta, y mucho, la crisis que la sociedad está viviendo».