Una ex fundación de la Junta gastó 1.690 euros en una noche de hotel

La información que obra en poder del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla sobre el caso de los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía y presuntamente fraudulentos está salpimentada de facturas y otros elementos contables de diversa naturaleza. Entre las primeras consta una expedida por Viajes Caja San Fernando y cargada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, más conocida por su versión abreviada en siglas Faffe, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El recibo corresponde al pago de una noche de hotel en Córdoba, en concreto la que transcurrió entre los días 20 y 21 de noviembre de 2007. ¿La cuantía de éste? Según quedó registrado en ese documento, ascendió a 1.687,39 euros. Es más, se detalla en el desglose del IVA, que lo correspondiente a la base imponible eran 1.577 euros, a los que se le sumaron la cuota del mencionado impuesto de 110,39, lo que dio como resultado el global de más de 1.650 euros, expresado también en pesetas, 280.758.

El mencionado juzgado sevillano investiga el agujero de casi 50 millones en subvenciones de formación sin justificar por parte de Faffe, creada en 2003 y extinguida en 2011, tras lo que la plantilla de la ex fundación, conformada por 1.139 personas, fue asumida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Fue la Cámara de Cuentas de Andalucía la que detectó en un informe de fiscalización que las ayudas públicas no se habían justificado.

Este periódico se puso en contacto hace casi veinte días con la Junta, primero con la ex consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ya que la Faffe dependía de ese departamento en 2007, y después con el área de Educación que había asumido las competencias en formación la última legislatura, para intentar aclarar a qué correspondía ese abultado gasto para una sola noche, pero al cierre de esta edición, la respuesta seguía sin llegar.

En el mismo tomo de la investigación aparece además otra factura de Faffe de idéntica fecha, esta vez de Viajes Rico SA, con un concepto: el importe de un billete de tren Sevilla-Córdoba-Sevilla que costó 44,50 euros. En ella aparece un nombre, L. L. M., quien es desde 2002 técnico de orientación del SAE, a la luz de lo señalado por él en una red social profesional.

Y no es el único desembolso de Faffe que manejan los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En los expedientes que han rastreado figuran también recibos ligados a la delegación de Cádiz de la ex fundación y a la formación impartida a los ex trabajadores de la multinacional automovilística Delphi. ¿A qué son atribuibles? A la adquisición de bolsas-maletines «con cinta bandolera ajustable poliéster marcada tres colores». Aparece una factura de DPI Gráficas SC fechada el 12 de julio de 2008 por un valor de 565,15 euros, contemplado el 16% de IVA. La misma empresa habría gestionado otro pedido de esos objetos, de acuerdo a lo expuesto en una segunda nota contable, por 353,22, con lo que el global por ese concepto se elevaría hasta los 918,37 euros.

Si se hace memoria se recordará que este periódico desveló recientemente que el grueso sumario de la «macrocausa» de formación contiene otros tickets y nóminas del personal de Faffe. Entre los primeros destacan cargos de varios menús directamente a esa entidad pública en distintos establecimientos hosteleros gaditanos y sus alrededores por totales que llegaron a super los 200 euros en algún caso. Se incluyen además comidas de una sola mesa, aportadas presuntamente por trabajadores de la entidad, en las que se pudo degustar jamón, en su modalidad de ibérico o de bellota 5J, y en alguna ocasión acompañado de otros elementos como queso manchego o langostinos.

La anterior titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, exigió en varias ocasiones al Ejecutivo regional que aportara a ese órgano judicial datos sobre la ex fundación. A las demandas de información que pueda realizar a partir de ahora su sustituta, María Ángeles Núñez, tendrá que responder la nueva Consejería de Empleo, Empresa y Comercio que, a la luz de la redistribución competencial publicada en el BOJA, asumirá las políticas de formación.