Relevo en Andalucía

Una ley de vivienda para saltársela: 738 municipios la incumplen

Los planes locales obligatorios solo están vigentes en 19 ciudades y otras 21 se encuentran en fase de preparación

Imagen de un grupo de viviendas en Cádiz
Imagen de un grupo de viviendas en Cádizlarazon

Los planes locales obligatorios solo están vigentes en 19 ciudades y otras 21 se encuentran en fase de preparación

El 20 de marzo de 2010 entraba en vigor la Ley Reguladora del Derecho a la Vivienda. Entre sus mandatos figura que los municipios están obligados a elaborar una normativa propia. En concreto, la disposición final segunda señalaba que «los ayuntamientos deberán aprobar en un plazo máximo de dos años, contados desde la entrada en vigor de esta ley, sus respectivos planes de vivienda y suelo». Siete años después, solo 19 municipios cumplen este precepto: Almería, San Fernando, San Roque, Trebujena, Córdoba, Lucena (parcialmente), Granada, Marchal, Aracena, Andújar, Antequera, Málaga, Mijas, Villanueva de Algaidas, Mairena del Alcor, El Pedroso, Peñaflor, La Puebla de Cazalla y Villamanrique de la Condesa.

Según la información facilitada por la Consejería de Fomento y Vivienda a LA RAZÓN, en otras 21 localidades los planes se encuentran en fase de redacción: Cádiz, Chiclana, Sanlúcar, Aljaraque, Mancha Real, Arriate, Frigiliana, Marbella, Torremolinos, Vélez-Málaga, Alcolea del Río, La Algaba, Camas, Gelves, Lebrija, Morón de la Frontera, Palomares del Río, Pruna, El Rubio, San Juan de Aznalfarache y El Saucejo.

Son por tanto 738 municipios andaluces los que siguen sin acatar el mandato de la Junta en materia de vivienda. De los 29 grandes núcleos urbanos –más de 50.000 habitantes–, catorce todavía no tienen una ordenación de su política de vivienda;al igual que tres capitales de provincia: Sevilla, Jaén y Huelva.

Este instrumento es clave para conocer la realidad local y afrontar una política de vivienda adecuada. Estos planes deberán contener un análisis socio-demográfico y otro sobre la necesidad de vivienda de la población, teniendo en cuenta, entre otros, los datos de los registros municipales de VPO, con un apartado específico sobre personas y colectivos en riesgo de exclusión social, personas sin hogar, así como sobre la situación en materia de desahucios. Asimismo, detalla la normativa, tendrán que incluir una descripción de la estructura urbana residencial e información y diagnóstico del parque residencial existente en el municipio, haciendo alusión a su grado de obsolescencia, así como de las viviendas vacías o en desuso existentes.

La última actualización del registro de demandantes de viviendas, de octubre pasado, contempla que casi 142.000 personas se encuentran en lista de espera. Sevilla, con 42.823, y Cádiz (30.468) son las que cuentan con más inscritos, seguidas de Córdoba (22.368) y Málaga (19.568).

Para facilitar la redacción de los planes de vivienda y suelo, la consejería ha adoptado diversas medidas. La primera de ellas, recopilar en una sola web todos los datos oficiales y gráficos estadísticos que guardan relación con la gestión local de vivienda y que hasta ahora estaban dispersos. Además, aportará 1,9 millones de euros en subvenciones a ayuntamientos para la elaboración, revisión y adaptación. La Diputación de Jaén es la primera que ha suscrito un convenio para ello, en febrero, mientras se aguarda a que la orden se haga efectiva en breve.

La cuantía de las ayudas oscila entre los mil euros para los municipios de hasta 10.000 habitantes; cinco mil para las localidades con una población que oscila entre los 10.000 y 20.000 habitantes; y 12.000 euros para aquéllos con más de 20.000 habitantes.

Todos los ayuntamientos deben adaptarse a la ley de vivienda y además hacer coincidir sus objetivos con el mandato del Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. También la Junta acumulaba un considerable retraso en su puesta en marcha, dado que se aprobó en agosto del año pasado, seis años después, cuando el plazo legal eran dos años. Sus ejes han cambiado respecto al programa de 2008-2012, dejando a un lado la promoción pública de nuevas viviendas y centrándose en la rehabilitación de las ya existentes, además de fomentar una bolsa de alquiler que responda a la demanda actual.

Cádiz, el casco histórico con más infravivienda

Cádiz es uno de los municipios que dispone de un estudio pormenorizado al respecto en su casco histórico: una veintena de edificios cuentan con pisos que incumplen los requisitos mínimos de habitabilidad, ya sea por sus dimensiones o por su estado de conservación. Otros sesenta inmuebles se encuentran vacíos por su mal estado. Es un caso especial: desde 1.999 cuenta con un decreto por el que la Junta se atribuyó las competencias exclusivas en materia de rehabilitación.