Universidad precaria: cinco mil profesores, con contrato temporal

Los docentes interinos suponen uno de cada tres trabajadores y el 25% de la plantilla pública trabaja a tiempo parcial. Desde 2012 la promoción automática a indefinido se mantiene bloqueada

Tres universidades andaluzas, Málaga, Sevilla y Jaén, desconvocaron la huelga de profesores interinos tras llegar a un acuerdo –sin fechas ni compromisos fehacientes– que reflejaba la «voluntad» de mejorar las condiciones laborales de un colectivo en concreto, los ayudantes doctor y los doctores contratados interinos. Son en total unos ochocientos en las nueve instituciones públicas. El bloqueo de la promoción desde 2012 fue el detonante para exigir una mejora laboral que incluya contratos estables. Hasta ese año, quienes sumaban cinco ejerciendo como docentes –ocho como tope, incluyendo el tiempo como ayudante– pasaban automáticamente a integrar la plantilla laboral de esa universidad, siempre que hubieran acreditado los méritos exigidos.

Esta parálisis ha provocado la prolongación «sine die» de la interinidad, lo que implica que en cualquier momento pueden ser despedidos sin más. Esta precariedad afecta no solo a esos ochocientos profesores, sino a miles. Actualmente, son casi 5.600 los que trabajan con contratos temporales para las universidades. Imparten clases e investigan y suponen el 33% de la plantilla. Un escollo más para progresar en la carrera científica o docente, y que permite a los rectorados contar con los mismos efectivos pagándoles menos dinero. Prueba de esas dificultades de acceso es que la plantilla con menos de 35 años del personal docente e investigador (PDI) es de algo más de novecientos profesores, un escaso 5% del total –con menos de 25 años solo hay cinco personas–. En el extremo opuesto se sitúan los casi ochocientos catedráticos que han superado la edad legal de jubilación y se mantienen activos.

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrece una completa imagen de la situación laboral en las universidades públicas, donde se evidencia el alto predominio de los contratos temporales. Durante el último curso, los funcionarios redujeron su peso a menos de la mitad (8.342). A ellos se sumarían tres mil docentes más con una situación estabilizada, al estar contratados de forma indefinida, con consideración de personal laboral. El peso específico de los contratos por obras hace que un tercio de la plantilla sea temporal. De esta manera, las universidades se garantizan poder contar con personal cualificado sin adscripción definitiva, y sin muchos de sus derechos reconocidos. Tampoco tendrán derecho a indemnización cuando ya no sean necesarios, a la Universidad le bastará con prescindir de sus servicios alegando la finalización de su cometido.

Los funcionarios se han reducido en 700 por las bajas sin cubrir y están en minoría. Los 8.342 docentes con plaza en propiedad suponen el 49% del total; otros tres mil tienen contratos indefinidos y su posición es equiparable a la de los funcionarios, contando con el reconocimiento de la antigüedad, entre otros derechos, que hacen que se incremente su sueldo. A la cola en condiciones laborales se encuentran los casi 5.600 contratados de forma temporal. Las universidades públicas pueden disponer de ellos a su antojo, empezando por que la inmensa mayoría debe contentarse con un contrato a tiempo parcial, con la merma de sueldo que conlleva. De hecho, de cada cuatro profesores, uno trabaja con jornada reducida –también están incluidos los profesores colaboradores, que desarrollan su actividad principal en otras áreas–. Ni los quinquenios por méritos docentes ni los sexenios dedicados a la investigación se les reconocen a quienes no están contratados de forma permanente. Sin un contrato estable se ven privados del acceso a otras actividades, siendo muy complicado, por ejemplo, que obtengan un proyecto para ser investigadores principales, al depender de ayudas públicas –europeas o estatales, a la espera de que se reanuden las andaluzas–, donde tienen competidores con años de experiencia.

Dentro de los investigadores de apoyo tienen mayor cabida los jóvenes. Actualmente, hay dos mil investigadores empleados en proyectos concretos, cuyas funciones se alargan entre 1 y 4 años, en función del tipo de ayuda recibida. En esta categoría, el grueso lo componen investigadores con entre 25 y 34 años (1.446); entre 35 y 44 años son 384; y los menores de 25 años,167. El 15% trabaja con jornada reducida.

Los presupuestos de las universidades han caído estrepitosamente en los últimos años, sin que los rectores hayan manifestado su disconformidad con el tratamiento de la Junta. En 2010, se gastaron 1.860 millones de euros frente a los 1.657 presupuestados para este ejercicio, en crecimiento desde el mínimo marcado hace tres años. Ese impacto negativo comienza a verse en el corte generacional que sufre la plantilla universitaria y que incumple el compromiso de destinar el 1,5 del PIB andaluz a la educación superior. El nuevo modelo de financiación se encuentra en plena negociación entre los rectores y la Consejería de Economía y Conocimiento. Su premisa es la misma que el anterior modelo, al no haberse respetado los planteamientos suscritos. Así, el borrador realizado por la consejería fijó que la financiación partiera del 1,2 del PIB este año para ir aumentando un 0,7 anual, hasta alcanzar el 1,5% en 2021. De la misma manera, la aportación de la Junta iría menguando desde el 76% hasta el 70% en ese horizonte temporal; el resto, procederá de los fondos que capten las universidades.