La Consejería de Sanidad deberá pagar 103.000 euros por la muerte de una mujer

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Consejería de Sanidad a indemnizar con 103.000 euros a la familia de una mujer que falleció por una cardiopatía en el Hospital General de Segovia. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Ical, el tribunal subraya que «hubo déficit asistencial consistente en demorar el ingreso de la paciente para la realización de la intervención quirúrgica».

Los hechos se remontan a 2008 y 2009. Los demandantes sostienen que hubo «una mala praxis médica» en la atención que se prestó a M.E.V., de 48 años de edad. Alegan que se produjo un retraso en el diagnóstico y en la realización del tratamiento médico adecuado. «La paciente pudo y debió haber sido intervenida en el mes de de octubre de 2008, debió haber sido intervenida el 12 de marzo de 2009, y pudo y debió ser intervenida con carácter de extrema urgencia el 16 de marzo de 2009», subraya la familia, que vio cómo su ser querido fallecía finalmente ese 16 de marzo de 2009 tras lo que consideran «un caso típico de progresión de una estenosis valvular aórtica severa dejada a su evolución natural durante un prolongado periodo de tiempo».

La sentencia resalta que en lugar de practicar la intervención quirúrgica necesaria se solicitó la práctica preferente de una prueba de ecocardiograma, que no se realizó hasta el 12 de marzo de 2009 -cuatro días antes del fallecimiento- y que evidenció la existencia de estenosis aórtica crítica. También destaca que después se solicitó la práctica de una prueba de cateterismo de carácter preferente, que se había previsto para el 20 de marzo y que no se llegó a realizar por el deterioro de la paciente el 16 de marzo y su fallecimiento en esa fecha. La Consejería no ha emitido ningún comunidado hasta el momento sobre la sentencia.

Por otro lado, cabe destacar que se están atando los últimos flecos para que vea la luz el Plan de Reducción de Demoras, una estrategia a cuatro años con la que quiere gestionar mejor las demandas, reducir los tiempos de espera y ordenar el acceso a las prestaciones en intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas. Será «un plan de los recursos públicos», que mejorará la organización y optimizará los medios existentes, y que impedirá a los centros recurrir a la sanidad privada y a los conciertos para cumplir los objetivos.

Se trata de una de las prioridades de legislatura de este departamento en materia de asistencia sanitaria y aunque tendrá su horizonte en 2019 se actualizará año a año. De hecho, en este 2016 se hará una primera revisión a los seis meses, en junio, para analizar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados y cuantificar la reducción en las demoras quirúrgicas, de consultas y pruebas.