Las familias hasta 48.000 euros de renta podrán alquilar por menos de 500 euros

valladolid- La Consejería de Fomento y Medio Ambiente tiene muy avanzada la normativa que regula el nuevo Programa de Fomento del Alquiler, que se caracterizará por su «giro» social y por ampliar la base de municipios que se podrán beneficiar de esta medida. La Junta prevé ponerlo en marcha en el primer semestre para ofrecer viviendas de 90 metros cuadrados por un máximo de 472 euros al mes a aquellos que tengan ingresos superiores a 7.455 euros anuales e inferiores a 48.458.

De esta forma, el departamento de Antonio Silván materializará el cambio de política de vivienda, que comprpmetió en la primera comparecencia ante las Cortes de esta legislatura. La Junta pretende aparcar la promoción de vivienda nueva para apostar por la rehabilitación y el alquiler. Para ello, el Consejo de Gobierno dará luz verde en las próximas semanas al decreto que regula la puesta en marcha del nuevo plan, que aspira a formalizar más de un millar de contratos al año.

Unificar programas

Fomento pretende unificar los programas y modificará los anteriores programas Revival (Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler) y Bolsa de Alquiler de Jóvenes, puesto en marcha en las ciudades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid. El objetivo de la Consejería es flexibilizar los requisitos exigidos a las familias o arrendatarios para que puedan acceder a una vivienda personas con menores ingresos.

Para ello, la Junta rebaja la cantidad mínima en 3.727 euros, fijándola en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Por lo tanto, será suficiente justificar una renta mensual de 532,05 euros (14 pagas) para poder alquilar una vivienda. Estos datos sobre la situación económica de los potenciales inquilinos, que revisará la Junta, serán una garantía para los arrendadores y servirán para que la vivienda se ajuste a la capacidad económica de sus moradores.

De esta forma, el Gobierno autonómico pretende dar garantías a los propietarios sobre el inquilino, ya que la Junta pedirá a estos últimos que se inscriban en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León. Además, no podrán ser titulares de ninguna vivienda, ni haber estado implicados en procesos de desahucio por falta de pago. También, se restringirá a los que hayan causado graves desperfectos en alguna de las viviendas del programa autonómico de alquiler.

Otro de sus novedades será la renta máxima marcada para las viviendas, que fijará la Consejería de Fomento. De esta forma, los alquileres oscilarán, como máximo, entre los 473,04 en las ciudades de Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid; los 418,32 de Ávila, León, Palencia, Miranda de Ebro y San Andrés del Rabanedo, y los 400,32 de Soria, Zamora, Aranda de Duero, Laguna de Duero y Ponferrada.

La Junta apuesta por la relación directa entre propietarios e inquilinos y no por la cesión a la Junta de las viviendas vacías para su salida al mercado del alquiler. No obstante, Fomento se encargará de supervisar el arrendamiento para ofrecrr seguridad.