Los sindicatos reclaman 400 plazas de funcionarios para cubrir necesidades de prisiones de la Región

Entre 300 y 400 funcionarios más necesitan las prisiones de Castilla y León para cubrir las necesidades de personal. Así lo aseguran los sindicatos, quienes muestran una «alta preocupación», por el escaso número de efectivos principalmente, en los centros penitenciarios de Topas (Salamanca), León y Burgos.

En la actualidad trabajan unos 2.600 funcionarios en las siete cárceles de nuestra Comunidad, una cifra que los representantes de los trabajadores consideran insuficiente, y lamentan que se quieran suplir estas plazas con vigilantes jurados.

Al respecto, desde la UGT, Antonio Pascual, afirma que, esta última medida que quiere implantar el Gobierno, es negativa ya que encarece los costes de los centros penitenciarios. Y es que, según el representante sindical, un vigilante jurado cuesta «tres veces más a las arcas públicas que un guardia civil o un policía nacional, y critica que la fórmula para paliar el déficit de personal en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sea recurrir a la privatización en lugar de convocar plazas públicas.

Además, los sindicatos aseguran que la falta de funcionarios en las prisiones de la Región hace «prácticamente imposible» cumplir con los objetivos de reeducación y reinserción de los internos que establece la Constitución Española. En este sentido, señalan que en dos años entre 60 y 70 funcionarios se han jubilado o han pasado a segunda actividad y «no se ha convocado ninguna plaza para sustituirlos». Por todas estas circuntancias, los sindicatos solicitan al Gobierno de España a fijar un calendario de negociaciones «donde la privatización no tenga cabida porque prisiones es un servicio público», ya que según advierten el conflicto puede endurecerse con consecuencias «no beneficiosas para nadie».