Podemos plantea que se priorice y agilice por ley el pago de ayudas de emergencia

El Grupo de Podemos en las Cortes de Castilla y León plantea «un mínimo vital» por ley a través de la declaración como procedimiento de emergencia ciudadana que suponga en la práctica acortar los plazos para recibir las ayudas y los recursos y evitar la vulnerabilidad y exclusión social de la coyuntura derivada de la crisis.

En una rueda de prensa, el portavoz del grupos, Pablo Fernández, y los viceportavoces, Isabel Muñoz y Pedro de Palacio, presentaron la proposición de ley de regulación de los procedimientos de emergencia ciudadana en la administración pública de Castilla y León, con la confianza de que sea asuma su tramitación y se ponga en marcha. Tras subrayar que esta iniciativa no supone mayor gasto para la Junta, Fernández argumentó, en defensa de la misma, que el paro se sitúa en el 18,5 conforme a la EPA del segundo trimestre de 2015, que un 63 por ciento de los parados lleva más de un año buscando un empleo, que hay un 53,5 por ciento de desempleo juvenil y que en 2014 el riesgo de pobreza aumentó en 127.000 personas (26,1 por ciento). Con esos antecedentes, el portavoz de Podemos instó a la aprobación de la ley de «mínimo vital» que presenta su grupo con el objetivo de priorizar los casos a la hora de conceder las ayudas y los recursos y «acortar los plazos», aunque no ponen un plazo para ello.

Fernández consideró «insuficiente» la red de protección a las familias y personas afectadas por la crisis que existe en Castilla y León, gestionada por la Consejería de Familia y a la que se otorgó rango de ley. El procurador se remitió a esas 127.000 personas que en el último año han aumentado el cómputo de riesgo de pobreza en la Comunidad, como recoge el último informe del Consejo Económico y Social.

El «mínimo vital» se presenta como un derecho del Estado, después de que la crisis haya dejado «abundantes situaciones» de personas con incapacidad para hacer frente a sus necesidades básicas y esenciales, y subraya que «no es concebible» que determinados procedimientos administrativos se demoren en su tramitación.