Rechazo a la «Ley Celaá» que pretende cerrar los Centros de Educación Especial

Castilla y León dice no a la intención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de cerrar los Centros de Educación Especial y que los alumnos con alguna discapacidad o necesidades especiales estudien en colegios ordinarios.

Las Cortes regionales debatían ayer una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Ciudadanos, que salía adelante con los votos a favor de todos salvo IU que se abstenía, que apoya el mantenimiento de los Centros de Educación Especial «como la mejor garantía de integración».

La iniciativa pide al Ejecutivo central que dé marcha atrás en esta medida incluida en la propuesta de reforma educativa impulsada por la ministra socialista Isabel Celaá, que pretende eliminar los Centros de Educación Especial de forma progresiva en unos diez años.

La PNL, defendida por el procurador naranja David Castaño, reclama por otra parte al Gobierno Herrera que dote a estos centros especiales de más recursos económicos y humanos para asegurar la calidad educativa que en ellos se presta. «Queremos más tacto al hablar de estos temas para que no se considere a la Educación Especial como un gueto sino como un aliado», decía Castaño, quien reclamaba también que se consulte la opinión de las familias, en clara referencia a las administraciones, en general, y al Cermi Estatal, como responsable de la enmienda que motivó la polémica, en particular. En este sentido, Mariano Luis, miembro de una de las 50 asociaciones dedicadas a la atención de niños con discapacidad que seguía el debate en la tribuna de invitados, reprochaba al Cermi que no haya consultado con ellos este asunto. Y es que para los afectados, la clave está en que dejen elegir a las familias. Mariano Luis asegura que ellos no están en contra de que se apoye la educación inclusiva, pero insiste en que se tenga en cuenta a las familias que están satisfechas con los Centros de Educación Especial, y que les dejen libertad para elegir dónde quieren llevar a sus hijos.

Desde el Partido Popular, la procuradora Isabel Blanco apoyaba sin ambages la propuesta de Ciudadanos e iba incluso más allá cuando afirmaba, contundente, que su partido no apoyará «nunca el cierre de estos colegios».

El socialista Jesús Guerrero, por su parte, rechazaba cualquier imposición a las familias, pedía no hablar de fechas ni plazos, y defendía dotar de más recursos a los colegios ordinarios para que puedan atender mejor a aquellos alumnos con necesidades especiales cuyos padres hayan decidido llevarles allí. El sábado ha prevista una manifestación en Valladolid impulsada por los defensores de la Educación Especial que espera congregar a más de dos mil personas.

Por otro lado, PP y Ciudadanos sacaban adelante otra iniciativa en defensa de la escuela concertada. La propuesta, impulsada por los populares, reclama al Gobierno que se mantenga el modelo actual y que las aportaciones de las familias se sigan pudiendo deducir.