UGT pide anteponer la calidad a la oferta más barata en servicios de Dependencia

UGT reclama al Gobierno regional que anteponga la calidad a la oferta más barata a la hora de adjudicar a empresas los servicios de atención a la Dependencia.

UGT reclama al Gobierno regional que anteponga la calidad a la oferta más barata a la hora de adjudicar a empresas los servicios de atención a la Dependencia. Esta es una de las propuestas que el sindicato ha entregado a la Junta para mejorar la asistencia que se presta a personas dependientes tanto en residencias como a domicilio.

La responsable federal de UGT, Gracia Álvarez, le trasladaba ayer al gerente regional de Servicios Sociales de la Junta, Carlos Raúl de Pablos, durante el encuentro que mantenían en Valladolid, que la calidad del servicio tiene que pesar en la decisión final de las licitaciones públicas un 60 por ciento mientras que la oferta económica debe suponer un 40 por ciento. Y apuntaba que el valor mínimo que deben de ofertar las empresas a la hora de pagar a los trabajadores sea de 16,5 euros por hora.

El sindicato denuncia que existen «importantes diferencias» en los pliegos de las licitaciones en el ámbito de la ayuda a domicilio, con bajas temerarias que repercuten en la prestación de los servicios y en las condiciones laborales de las trabajadoras. «Se recorta en los salarios», advierten. En este sentido, Carmen Ámez, secretaria regional de la Federación de Servicios Públicos de UGT, explicaba que los salarios están entre los 700 y 900 euros en el caso de los trabajadores en residencias que tienen jornada completa, y que se reducen a en torno a 350 euros en los de ayuda a domicilio, que suelen ser a tiempo parcial.

También denuncia que hay prestaciones de ayuda a domicilio que duran quince minutos en algunos casos, y como mucho tres horas, y que se paga a los trabajadores seis euros a la hora. «La Junta tiene que actuar de inspector para que la atención que paga a las empresa sea de calidad tanto para el usuario como para el empleado», señalaba la dirigente sindical, para quien se tiene que llevar a cabo la «extinción inmediata» de la concesión por incumplimiento e incluso excluir de la licitación a aquellas empresas que hayan comunicado descuelges.