UGT y CCOO piden a la Junta que no se esconda y defienda líneas ferroviarias

VALLADOLID-UGT y CCOO dan un paso hacia adelante en sus movilizaciones en defensa del transporte ferroviario de la Comunidad, y han iniciado una campaña en la que pretenden recabar el apoyo social y de las instituciones para no solo recuperar los servicios que se han perdido en el plan de racionalización del transporte ferroviario del Gobierno, sino también para que se mejore la gestión de horarios, frecuencias e inversiones y conseguir de esta forma un mayor número de servicios de trenes.

Al respecto, los dos sindicatos denuncian la política comercial desarrollada por Adif y Renfe, «primero, al poner horarios imposibles, y segundo, al dejar de invertir en zonas en las que pueden captar viajeros, como el corredor Palencia-Valladolid-Medina del Campo, que con varias inversiones mínimas podrían alcanzar un volumen de viajeros de similar al de una ciudad de 60.000 personas. Parece que pretenden echar al viajero del ferrocarril», lamentaban los responsables en materia ferroviaria de CCOO y UGT en Castilla y León, Carlos López y Pedro Aller.

Debate público

Ambos sindicatos se dan un plazo de quince días para lograr esos apoyos en los que estarán muy activos en la calle. UGT y CCOO piden a la Consejería de Fomento que dirige Antonio Silván que lidere y pilote estas reivindicaciones ante el Ministerio para conseguir, al menos de momento, una moratoria a la aplicación del plan del Gobierno y que se abra un debate público en el que se consensúe el futuro del tren.

Tanto López como Aller presentaban esta campaña y dejaban entrever que la Junta, «está escondiendo la cabeza» en este asunto. «La Consejería se escuda en que se trata de algo económico, y estos es una media verdad, ya que es más bien un problema de falta de voluntad política», se quejaba Pedro Aller mientras ponía como ejemplo a la Comunidad de Aragón, gobernada también por el PP, en la que han solucionado el problema sin suprimir servicio alguno. Los dos sindicatos reclaman a la Junta que siga la estela de la región aragonesa y realice un estudio «serio» para llevar a cabo la racionalización del transporte, que tenga en cuenta además de lo económico la premisa de servicio público y la garantía de movilidad de los ciudadanos.

Los dos sindicatos advierten asimismo de que el Gobierno sigue estudiando cerrar algunas de las líneas que se han salvado «in extremis» en este plan debido a que muchos municipios se quedaban aislados y sin transporte de ningún tipo, y temen que haya nuevos recortes y supresiones.

UGT y CCOO estiman que, si no se da marcha atrás,18 localidades perderían de forma inmediata el servicio mientras que otras 29 se quedarán sin él a corto o medio plazo. Una racionalización que afectaría a 1,2 millones de personas, calculan los sindicatos.