Colau multa por primera vez a dos inmobiliarias por desahucios

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quiere demostrar a sus antiguos compañeros de la Plataforma Antidesahucios (PAH) que el poder no le ha cambiado y no ha conseguido sepultar su espíritu de activista.

Le acusaron de no hacer valer la Ley 24/2015 de emergencia habitacional, aprobada por unanimidad en el Parlament gracias a la presión de esta plataforma y que permite, entre otras medidas, sancionar a las inmobiliarias y propietarios que desahucien a familias vulnerables. «Le falta valentía para hacerlo», dijeron los de la PAH y decidieron romper con la alcaldesa a través de una demoledora carta.

Cuatro meses después de aquel episodio, Colau finalmente ha movido ficha azuzada por las prisas, pues el Tribunal Constitucional está a un paso de anular esta ley, y ha impuesto las dos primeras sanciones a dos inmobiliarias que desahuciaron a dos familias vulnerables. Se trata de la sociedad Intacsa Integral Actividades y Fincas Flash, que tendrán que hacer frente a multas de hasta 90.000 euros por echar de casas de su propiedad a dos familias (del barrio del Carmel y de Horta) sin darles la opción de pagar un alquiler social. El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, explicó ayer que ambas inmobiliarias decidieron ejecutar el desahucio a pesar de que eran conocedoras de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban sus habitantes, pues el Consistorio les había informado. Y esto, según Montaner, se debe a los grandes tenedores saben que la ley se activa en contadas ocasiones. Por ello, quiso dejar claro que aunque el TC amenace con suspenderla «se aplicará hasta el último momento» y que ya hay otras 47 investigaciones abiertas por casos similares.

Por otro lado, el Consistorio informó que la Unidad Contra la Exclusión Residencial (Ucer) que creó hace tres meses, ha localizado una finca en Vilapiscina i Torre Llobetra alquilada por otra inmobiliaria, Blumarine Systemin, sin condiciones óptimas para ser habitada, por lo que será sancionada con una multa que podría ascender a los 900.000 euros.

La finca estaba subdividida en diez infraviviendas de 15 metros cuadrados, que funcionaban de manera independiente y por las que se pagaban hasta 500 euros. En estos espacios, el lavabo estaba en contacto con la cocina y en algunos casos se ubicaban en patios interiores e, incluso, en el tejado. El caso se destapó a partir de la denuncia de dos personas que ocupaban estas infraviviendas, por lo que el Ayuntamiento anima a los ciudadanos en situaciones similares que den la voz de alerta a la Administración, algo que se podrá hacer próximamente a través de Internet.