Arquitectura
Colau paraliza un hotel de lujo y pide el amparo de la Generalitat
Las Drassanes podrían brindarle la protección del entorno necesaria para suspender la licencia
La cruzada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra el modelo turístico de la ciudad va mucho más allá de la moratoria hotelera que aplicó al sector cuando llegó al cargo.
La cruzada de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, contra el modelo turístico de la ciudad va mucho más allá de la moratoria hotelera que aplicó al sector cuando llegó al cargo. Alguno de los hoteles que consiguieron pasar el corte sigue en el punto de mira, como por ejemplo, el proyecto de construcción de un alojamiento de la cadena Praktik en el Raval, junto a las Drassanes. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, anunció ayer que han suspendido los trámites para dar luz verde al hotel. Los solares donde se levantaría el edificio están situados justo delante de elementos patrimoniales como el baluarte y la muralla medieval de la ciudad y por lo que, escudándose en esta situación, el Ayuntamiento ha solicitado protección a la Generalitat en este entorno. El futuro del hotel, por lo tanto, está ahora en manos del gobierno catalán.
El hotel, que se proyecta en unos solares situados entre las calles del Cid, Pere Camps y el Portal de Santa Madrona, se quedó fuera de la moratoria de licencias aprobada por el gobierno Colau hace un año que impedía la construcción de nuevos alojamientos turísticos. En este caso, el inmueble ya disponía del certificado de aprovechamiento urbanístico y había pedido la licencia antes de la nueva normativa. Sin embargo, el gobierno de Barcelona en Común ha encontrado un resquicio para paralizar la construcción. El objetivo es «estudiar y evaluar los proyectos» para asegurar, dicen, que «sean compatibles con el patrimonio», declarado monumento histórico-artístico de interés nacional. Desde el consistorio indican que la prioridad es proteger el valor patrimonial situado en el entorno de las Reials Drassanes, la muralla medieval, la puerta de Santa Madrona y el baluarte, un conjunto catalogado con el grado máximo de protección.
Es por ello que desde el consistorio han pedido a la Generalitat la apertura «de un expediente de catalogación del entorno». La pelota está ahora en el tejado del gobierno catalán, que tendrá que decidir que tipo de protección otorga al conjunto, si incluye también el área sin edificar donde se proyecta el hotel, y cuáles son las actividades permitidas. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, reprochó a la Generalitat que haya pospuesto esta decisión durante demasiado tiempo. El Govern tiene 18 meses para pronunciarse
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