España
Desarticulan una red de estafas masivas a hospitales, ayuntamientos y particulares
Mossos y Policía Nacional detienen a 33 personas, acusadas de una estafa de ocho millones de euros
Mossos y Policía Nacional detienen a 33 personas, acusadas de una estafa de ocho millones de euros.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, Mossos d’Esquadra y la Policía de Rumanía, acabó von la detención 33 personas. Los cuerpos definieron a esta organización como una «multinacional del fraude». Presuntamente, la red estafó más de ocho millones de euros, mediante «técnicas de ingeniería social».
Un comunicado conjunto de los tres cuerpos informó que la organización, dirigida desde Rumanía, operaba con distintas células repartidas en toda Europa, que se dedicaban a estafas masivas, de manera que si una caía, no dañaba la actividad delictiva del resto de estructuras.
Suplantaban identidades
Se trata de una estafa a entidades públicas y a particulares, una organización que suplantaba la identidad de empresas proveedoras. Buena parte de los detenidos ya están en prisión provisional por orden judicial.
Básicamente, las estafas eran de dos tipos. Uno, a entidades públicas, como hospitales, ayuntamientos y consorcios, suplantando la identidad de sus proveedores para recibir algún pago pendiente en cuentas abiertas por testaferros. El otro, a particulares con estafas en portales de compraventa inmobiliaria.
En el primer caso, hacían un «minucioso estudio» de potenciales víctimas entre diferentes entidades públicas, para detectar cuáles eran sus proveedores, y así suplantarles para reclamar un cobro en cuentas bancarias controladas por ellos, y, una vez hecha la transferencia, se transfería inmediatamente los importes recibidos.
En el caso de las víctimas particulares, las estafas se hacían en plataformas de alquiler de pisos, suplantando a páginas reales para conseguir que potenciales clientes hicieran transacciones; «phishing» bancario –robo de datos– y estafas de compraventa online.
El jefe de la División de Investigación Criminal de los Mossos, Antonio Rodríguez, explicó que la investigación comenzó a finales de 2016, a raíz de una denuncia de una entidad financiera que avisó de un intento de fraude.
Las primeras detenciones se realizaron en Cataluña, y Rodríguez afirmó que cuando vieron el origen de los detenidos –la región de Rumanía Ramnicu Valcea, conocida como «Hackerville», por su gran número de ciberataques– supieron que se trataba de un «gran entramado».
Con esta operación conjunta se pudo detener al responsable del entramado en España, afincado en la provincia de Valencia, que controlaba los diferentes estratos de la organización y el flujo de dinero, y en el registro de su domicilio se desmanteló un sofisticado taller de falsificación de documentos.
Los investigadores también desmontaron el entramado financiero en España, formado por empresas sin ningún tipo de actividad a nombre de testaferros para que blanquearan el dinero de las estafas obtenido principalmente en España y Alemania, arrestando a su responsable.
La organización contaba con un departamento de informática encargada de realizar los «phishing», suplantar webs y dar de alta cuentas de correo electrónica; un departamento de falsificación de documentos; un departamento de logística, que gestionaba la compra de billetes de avión, autobús y tren para las «mulas» –para transportar droga–, y otros miembros dedicado a blanqueo de dinero.
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