El Govern advierte a los funcionarios de que pueden sufrir nuevos recortes

Faltan tres días para que comience el nuevo año y todo indica que los ajustes presupuestarios van a volver a pasar factura a los funcionarios de la Generalitat. Así lo dio a entender ayer la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, que ya se ha acostumbrado a anunciar malas noticias a los trabajadores públicos, a pesar de que sus ajustes están muy condicionados a las medidas que toma el Gobierno. Este año 2012, la Generalitat planteó un recorte medio de las nóminas de los funcionarios del 5 por ciento (el equivalente a la mitad de las dos pagas extras), pero luego tuvo que dar marcha atrás porque el Gobierno tomó una medida idéntica (pero concentrada en la paga de Navidad), la cual ha afectado a los trabajadores públicos de todas las comunidades. Ortega ve muy posible que el Gobierno repita el recorte, pero anunció que si no lo hace la Generalitat volverá a plantearse el ajuste. «Si no lo llegara a hacer veríamos si realmente es necesario tomar medidas como ésta», explicó la vicepresidenta en Ràdio4.

«Ajustes muy importantes»

Lo cierto es que la administración autonómica tiene graves dificultades para cuadrar sus cuentas, cumplir con los objetivos de déficit y hacer frente a sus obligaciones con bancos y proveedores. Por eso, la Generalitat, según explicó Ortega, no tiene otro remedio que seguir haciendo «ajustes muy importantes». Los de este año alcanzarán, probablemente, a los 3.000 millones de euros e, inevitablemente, disminuirán las prestaciones del bienestar. «Todo está sobre la mesa. Tenemos que hablar y valorar las medidas que menos impacten», afirmó la vicepresidenta para endulzar las malas noticias.

El recorte del 5 por ciento de las nóminas de los funcionarios de la Generalitat era una medida comprensible, en opinión de Ortega, porque permitía «no incrementar la bolsa del paro» en el sector público. «Es mejor repartir el trabajo entre el máximo número posible de personas», razonó la vicepresidenta.

A decir verdad, ninguna de las medidas que ha tomado la Generalitat desde que CiU está al frente de la gestión ha servido para crear empleo, el gran reto pendiente de los nacionalistas, tal y como admitió Ortega. «Hay que reactivar la economía», sentenció la vicepresidenta.

El riesgo es que la Generalitat concentre demasiadas energías en el otro objetivo marcado en mayúsculas en esta legislatura, que es el del «consultar al pueblo catalán sobre nuestro futuro colectivo».

En todo caso, es difícil que el proceso de autodeterminación que pretende impulsar la Generalitat sirva para calmar los ánimos del sector público, que se siente víctima de buena parte de los ajustes de la administración autonómica. A lo largo de los dos últimos años, las protestas de los trabajadores públicos han sido constantes y todo indica que van a continuar. Así las cosas, a la Generalitat y, en concreto a la vicepresidenta, le espera un año caliente con los funcionarios.

Los sindicatos han acusado repetidamente a la administración autonómica de no negociar lo suficiente y de querer imponer un atentando contra «las condiciones laborales y salariales» de los empleados públicos.