El Govern pone en marcha un plan para incentivar el catalán en la Justicia

Una obsesión de la Generalitat es que todos los procesos judiciales dejen a un lado el español y se hagan en catalán. Después de que el pasado mes de junio CiU presentase una proposición de ley en el Congreso para que fuera obligatorio el buen uso del catalán para jueces y fiscales que ejercieran en Cataluña, ayer presentaron un acuerdo con diferentes colegios profesionales para que el catalán sea la lengua principal en sentencias y el grueso de los documentos jurídicos. Los colegios de abogados, notarios, procuradores, graduados sociales y registradores de la propiedad firmaron un acuerdo para aumentar la presencia del catalán en los documentos.

Los consellers de Cultura, Ferran Mascarell, Justicia, Germà Gordó, presentaron un acuerdo que alcanza a 25.000 trabajadores y que busca aumentar el porcentaje en catalán de los documentos jurídicos. En 2012, se dictaron 32.479 sentencias en catalán, una cifra pequeña comparada con los 222.849 realizados en castellano. Esta proporción se mantuvo en los diferentes documentos de trámites, de 2.240.654 en catalán y los 15.403.439 en castellano. El objetivo del acuerdo es revertir esta situación y, según Gordó, acercarlo al 50 por ciento.

La idea de catalanizar el idioma de la Justicia sólo es la punta de iceberg en la ambición de los sectores soberanistas del Govern de tener un sistema propio que en la práctica está provocando que Cataluña sea el destino menos buscado por los nuevos jueces y fiscales a la hora de cubrir plazas vacantes. El volumen de trabajo y el idioma son dos de los datos que ayudan a comprender este rechazo a trasladarse a Cataluña.

Con el acuerdo, la Generalitat se compromete a ofrecer formación y herramientas lingüísticas a los profesionales del sector. También tendrán a su disposición un manual de buenas prácticas y diferentes materiales de sensibilización. La propuesta ha querido ser integral, es decir, afecta a todos los diferentes actores del sector. Hasta la fecha existían compromisos individuales con distintos gremios, pero ninguno de carácter global.

En retroceso

Según el balance de Política Lingüística de 2011, la Justicia es el sector, junto al cine, en el que el uso del catalán es más minoritario. Además, ha sufrido un significativo retroceso, ya que en 2005 el catalán significaba el 20 por ciento de los trámites jurídicos, mientras en 2012 apenas superaba el 12 por ciento. Para cambiar esta situación, por ejemplo, la conselleria de Justicia se gastó en 2011 más de 1,4 millones de euros en fomentar el uso del catalán. La Generalitat invirtió ese año un total de 122,3 millones en política lingüística.