El Govern respira tras formalizar la privatización de los túneles

Las cuentas de la Generalitat respiran un poco más aliviadas. A falta de conocer el dato de déficit público de 2012, en una sola semana, la administración catalana ha cerrado las privatizaciones de Aguas Ter-Llobregat (ATLL), de los túneles de Vallvidrera y Cadí, y ha recibido el último pago del Fondo de liquidez Autonómico (FLA). Tres operaciones que suponen unos ingresos aproximados de 1.150 millones de euros.

Después de cerrar el jueves la adjudicación de ATLL, ayer la Generalitat cerró el acuerdo con un consorcio liderado por Abertis para la adjudicación de los túneles de Vallvidrera y Cadí por un periodo de 25 años, lo que ha permitido un ingreso por el canon inicial de 309,6 millones de euros. Esta cantidad supone el 72 por ciento del valor total de la operación, que asciende a 430 millones. La cuantía restante se liquidará al final del período de concesión, según informó la conselleria de Economía que dirige Andreu Mas-Colell.

En el caso de ATLL, cerrado con Acciona, la privatización reportó a las arcas de la Generalitat otros 300 millones correspondientes al primer tramo del canon, que en este caso es por un período de 50 años y por un total de 1.000 millones. Con estas operaciones, la Generalitat, en la recta final del año, ha visto aliviada su situación de tesorería con el ingreso de 609,6 millones de euros gracias a estas dos privatizaciones.

El gobierno catalán adjudicó el pasado 5 de diciembre al consorcio liderado por Abertis y el banco brasileño BTG Pactual la explotación de los túneles de Vallvidrera y Cadí, mientras que la propiedad de las infraestructuras y el servicio continúan siendo públicos. La cesión de la explotación implica además la disolución de las empresas públicas Tabasa y Túnel del Cadí, encargadas hasta ahora de la gestión de los túneles.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda pagó ayer la última partida del Fondo de Liquidez Autonómico por más de 540 millones. La Generalitat ha recibido, pues, un total de 5.370 millones, 3.300 millones para vencimientos de deuda y 2.070 millones para cubrir su déficit, en 2012, por lo que el último envío de fondos supone el 10 por ciento del total. El último pago, como otros anteriores, no pasará por manos de la Generalitat, sino que irá directamente a pagar a proveedores de la administración catalana, como conciertos sanitarios.

El tipo del 5,65 por ciento del FLA 2012, que es un préstamo del Estado, se traduce en el pago de unos 300 millones anuales de intereses (lo que equivale a unos 2.000 millones en los diez años del crédito teniendo en cuenta las amortizaciones), con amortizaciones de capital a partir de 2015 de unos 679 millones al año, y el fin del pago en 2022.