El PP catalán estudia con Montoro impugnar los presupuestos

El PPC estudia si lleva finalmente la ley de Presupuestos de la Generalitat y la ley de acompañamiento al Consejo de Garantías Estatutarias por incluir una partida para consultas, aunque podría desistir si esa impugnación "perjudicara al cumplimiento del déficit".

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, explicó ayer que negocia con el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro para decidir si impugna los presupuestos de la Generalitat para 2014. El PP dejó así en vilo la aprobación de las cuentas catalanas antes de que finalice el año al lanzar la amenaza de impugnarlos ante el Consejo de Garantías Estatutarias por incluir una partida para consultas, lo que retrasaría hasta el mes de enero su votación.

Así lo anunció la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien señaló, sin embargo, que los populares deben estudiar si este paso perjudica al cumplimiento del déficit y si fuera éste el caso no llevarían finalmente al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos y la ley de acompañamiento.

Lo que no agrada a los populares es que en las cuentas del Govern haya una partida –por valor de 5,75 millones de euros– para un proceso de «consulta ilegal», algo que sería, a juicio del PPC, «antiestatutario».

La impugnación provocaría que la votación de las dos leyes presupuestarias, pactadas entre CiU y ERC en virtud del acuerdo de legislatura, salieran del orden del pleno del Parlament que se inicia este miércoles, con lo que su aprobación se pospondría al año que viene, a la espera del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, que tardaría un mes.

Para el conseller del Interior del Govern y dirigente de Unió, Ramon Espadaler, sería un «error» que el PPC impugnara los presupuestos, además de una «paradoja», ya que los populares están a favor de iniciar el año con las cuentas aprobadas.

En medio de este nuevo rifirrafe, los partidos firmantes del pacto de la consulta –CDC, UDC, ERC, ICV, EUiA y CUP– apelaron ayer de nuevo al Gobierno para que negocie el referendo en Cataluña.

En este sentido, ERC, que no descarta entrar en el Govern aunque considera que antes debe analizar la conveniencia de dar este paso o mantener el actual «apoyo desde fuera», se mostró dispuesta incluso a negociar con el Gobierno la pregunta de la consulta y «el cómo se vota», pero en ningún caso «el derecho a votar», subrayó el portavoz adjunto de ERC, Oriol Amorós. También Unió Democràtica de Catalunya (UDC) avisó al Gobierno de que es el «momento oportuno» para que haga propuestas a Cataluña, no sólo porque existe una demanda «mayoritaria» de la sociedad catalana, sino por la repercusión internacional que va ganando el caso catalán, a tenor del editorial del «Financial Times», que anima al Gobierno a hallar una salida negociada.

Sobre este editorial, la portavoz de ICV-EUiA en el Parlament, Dolors Camats, manifestó su sorpresa por la «sordera del Gobierno, que no ha sido capaz» de llegar a las mismas reflexiones que el rotativo británico.

Sin embargo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó que «no es negociable» la unidad de España y el derecho de todos los españoles a decidir su futuro y recalcó que quienes deben «ofrecer una solución» al debate catalán son precisamente «quienes han puesto a Cataluña al borde del abismo».

Desde las filas socialistas, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, destacó el respaldo total de su partido a sus compañeros del PSC ante la «escala de bravuconadas» a raíz de la consulta, un apoyo que se escenificará próximamente con una reunión en Cataluña de las direcciones del PSOE y PSC, encabezadas por sus respectivos líderes, Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro.

En cambio, Agrupament Socialista, corriente crítica del PSC, emplazó al partido a abandonar la «alineación con Ciutadans y el PPC» –contrarios al eventual referendo– y apoyar la pregunta pactada para la consulta soberanista, porque en su opinión abre la posibilidad de optar también por un Estado federado o asociado.

Por su parte, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, instó al Gobierno a empezar un programa de reformas políticas y de la administración como solución al debate soberanista.