El TSJC designa a Alegret ponente de la querella contra Forcadell

La ex presidenta del TSJC avaló que Mas tenga que sentarse en el banquillo por el 9-N.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) designó ayer, siguiendo el turno de reparto, a la magistrada Maria Eugenia Alegret ponente de la querella de la Fiscalía contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la espera de anunciar el próximo lunes si la admiten a trámite. Maria Eugenia Alegret fue presidenta de este organismo judicial y es miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM).

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó anteayer ante el TSJC una querella contra Forcadell por desobediencia y prevaricación, al permitir que el Parlament votara el pasado 27 de julio la hoja de ruta independentista, que «dinamita» el modelo de Estado, para impulsar por «hechos consumados» su proyecto político «con total desprecio» a la Constitución.

El TSJC también acordó que la sala de admisión –que será la que tendrá que decidir si admite o no a trámite la querella de la Fiscalía contra Forcadell–, la integren, además de Alegret, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y el magistrado Carlos Ramos, designado por el Parlament. Según el TSJC, la sala comunicará el próximo lunes la decisión sobre la admisión a trámite o no de la querella contra Forcadell.

Alegret, que fue presidenta del TSJC entre 2004 y 2010, fue la ponente del auto de la sala civil y penal del alto tribunal catalán que el pasado mes de septiembre avaló que el ex presidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau fueran a juicio por la consulta soberanista del 9N.

En el auto, del que Alegret fue ponente, el TSJC negaba que la investigación sobre la consulta del 9N fuera una «causa política» y remarcaba que la suspensión de la consulta acordada por el Tribunal Constitucional (TC) era «de obligado cumplimiento para su destinatario».

En la querella contra Forcadell, que ahora el TSJC tendrá que decidir si admite a trámite, la Fiscalía recrimina a la presidenta del Parlament que utilizara «torticeramente» el reglamento de la Cámara catalana para poner en marcha por la «vía de hecho» su «designio secesionista», pese a las «claras advertencias» del TC, que la había instado a impedir o paralizar cualquier iniciativa que ignorase la suspensión de las resoluciones soberanistas.

Para la Fiscalía, la presidenta del Parlament actuó «manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución de 1978, del ordenamiento emanado de la misma» y de los pronunciamientos del TC y de la Mesa de la Cámara catalana.