El TSJC requiere a la Generalitat que certifique el coste total del 9–N

La pseudoconsulta soberanista del 9–N del año pasado sigue coleando a nivel judicial. recientemente, se inquirió a la generalitat que concretase el gasto total del sistema informático utilizado ese día, que resultó ser de 2,5 millones. Ayer, el juez que investiga la causa pidió al departamento de Economía que le certifique el coste de la consulta, desglosando sus partidas presupuestarias, y, además, preguntó al Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) si cedió datos del registro de población para la votación.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el magistrado Joan Manel Abril acordó estas diligencias de oficio, además de otra media docena, en su mayoría requerimientos de documentos, que fueron solicitadas por la Fiscalía en relación con la consulta.

Con esas nuevas diligencias solicitadas por el Ministerio Público, el juez pretende averiguar qué grado de implicación tuvo la Generalitat con la consulta, desde que el 4 de noviembre fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC).

En su declaración de la semana pasada ante el juez, el president en funciones, Artur Mas, la consellera de Enseñanza también en funciones, Irene Rigau, y la ex vicepresidenta, Joana Ortega, argumentaron que la Generalitat dejó de organizar el 9–N una vez suspendida la consulta, de forma que su ejecución quedó enteramente en manos de voluntarios.

En esta nueva batería de diligencias, el TSJC dirige un requerimiento al conseller de Economía, Andreu Mas–Colell, en que le reclama que «certifique el coste que comportó el proceso participativo del 9–N, con indicación de los diferentes conceptos y partidas presupuestarias a que se asignaron los gastos». Al Idescat, cuya información se utilizó para la consulta del 9–N, el juez le ha preguntado si facilitó los datos del registro de la población.