Juzgan a la cúpula de Adigsa por el caso del 3 %

Empresarios y ex cargos de la época de Pujol al frente de la Generalitat afrontan penas de cárcel de hasta diez años por irregularidades.

Varios cargos del Govern en la etapa de Jordi Pujol se sentarán a partir de hoy en el banquillo de los acusados, por un supuesto fraude cometido en 2003 con la gestión de planes de vivienda para jóvenes promovidos por la empresa Adigsa, una empresa pública de la Generalitat para la promoción de pisos sociales.

De esta manera, la trama de presunto pago de comisiones en la citada empresa de Vivienda en la Generalitat llega a juicio doce años después de la polémica insinuación del ex president Pasqual Maragall de que la antigua CiU cobraba comisiones del 3 por ciento.

La Fiscalía pide penas de entre año y medio y diez años de cárcel para siete empresarios y ex cargos de Adigsa, por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras. Esta causa comportó la imputación del entonces presidente de la compañía pública y ex diputado de CiU Ferran Falcó, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo acabó exculpando en 2013.

Concretamente, el fiscal pide diez años de cárcel para el que era consejero delegado de Adigsa, Josep Antoni Fontdevila, y cinco años para el supuesto falso técnico José María Penín, ambos militantes de CDC. Según el Ministerio Público, Fontdevila impuso en la estructura de Adigsa la «extraña intervención» de Penín como presunto empleado para decidir la adjudicación a empresarios de rehabilitación en los pisos destinados a la vivienda joven, según los planes del Govern.

Siempre según la versión de la Fiscalía, las adjudicaciones se hacían a medida, y se dilapidaban fondos públicos en beneficio de Penin y los empresarios acusados. Los investigados establecieron un sistema de contratación paralelo para el plan joven de vivienda –encabezado por Penin, y secundado por la Sala y el jefe del área técnica de Adigsa, Jordi Huguet–, con el que supuestamente adjudicaban a dedo las obras a los empresarios acusados, José Antonio Salguero, Jordi Honrubia y Ángel Egido, que se enfrentan a penas de cinco a año y medio de cárcel.

Penin, con el aval de Fontdevila, le encargaba de forma informal y con expedientes a medida las obras de rehabilitación a estos empresarios sin que importase demasiado si se hacían bien y que, según una auditoría de Adigsa de 2005, tenían un sobrecoste medio de un 15 por ciento.