La Fiscalía denuncia a los sindicatos y funcionarios que bloquearon la Modelo

La acusación es por coacciones, abandono de servicio público y denegación de auxilio.

Los graves bloqueos de los funcionarios de prisiones que tuvieron lugar a finales de 2011 en cuatro cárceles catalanas empiezan a tener consecuencias legales. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra cuatro responsables penitenciarios de los sindicatos Catac, CC OO, UGT y Csif y 20 trabajadores de las prisiones, concretamente por la protesta que en diciembre de 2011 bloqueó la cárcel Modelo de Barcelona, al considerar que pusieron en riesgo la seguridad del centro.

Desencuentros

Fue el inicio de una larga serie de desencuentros entre los funcionarios y la conselleria de Justicia, que se agravaron por los recortes. La conselleria se mostró muy disgustada por la actitud de los empleados de las cárceles, al considerar que los bloqueos pudieran haber provocado graves altercados en los centros, e incluso motines entre los presos.

En su denuncia, el fiscal Fernando Rodríguez Rey acusa a los funcionarios y a sus representantes sindicales de los delitos de coacciones, abandono de servicio público, denegación de auxilio e imposición de privaciones indebidas a los internos.

La denuncia es resultado de la investigación que abrió el ministerio público para determinar si los bloqueos de las cárceles Modelo, Quatre Camins de La Roca del Vallès y Can Brians de Sant Esteve Sesrovires , que los funcionarios llevaron a cabo a finales de 2011 en pleno conflicto laboral con el departamento de Justicia, podían exceder el derecho de manifestación al provocar situaciones de riesgo.

Finalmente, la Fiscalía ha dirigido solo su denuncia contra los responsables de la protesta organizada en la Modelo, dado que en las otras prisiones o la afectación de la movilización fue leve o no se pudo identificar a los implicados en el bloqueo.

La movilización de esta cárcel, la más masificada de Cataluña, tuvo lugar en diciembre de 2011, cuando un numeroso grupo de funcionarios se concentró a las puertas de la cárcel para impedir el relevo de los funcionarios, en una movilización que no había sido convocada ni comunicada. La concentración, detalla la Fiscalía, bloqueó intencionadamente el acceso al interior de la prisión e impidió la entrada de vehículos y de 203 funcionarios.