La Fiscalía se inclina por celebrar el juicio contra Torra aunque no acuda

A apenas diez días para que comience el juicio contra Quim Torra por negarse a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral, una vista oral a la que el propio presidente de la Generalitat ha amagado con no asistir, la Fiscalía se inclina por pedir al tribunal que el juicio se celebre aunque finalmente no se presente. Así lo han confirmado a LA RAZÓN fuentes del Ministerio Público, que tiene en sus manos solicitar que la vista siga adelante incluso sin el acusado, aunque la última palabra la tendrá la Sala, presidida por el magistrado Jesús Barrientos.

La amenaza de Torra de dar «plantón» al TSJ catalán tiene amparo legal, pues el artículo 786 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que la «ausencia injustificada» del acusado no acarrea obligatoriamente la suspensión de la vista si el tribunal, «a solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora», y una vez escuchados los argumentos de la defensa, concluye que «existen elementos suficientes para el enjuiciamiento». Siempre y cuando, eso sí, que el acusado no se enfrente a una condena de más de dos años de prisión o a otra pena de distinta naturaleza que no exceda de seis años. El president cumple los requisitos, pues la Fiscalía pide para él 20 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia, que la acusación popular que ejerce Vox eleva a dos años.

Así las cosas, aunque la Fiscalía del Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) aún no ha tomado una decisión al respecto, las fuentes consultadas apuntan que en este caso «es partidaria de continuar la vista» sin el acusado. «Su comportamiento es patente –aseguran–. No hay nada que discutir. Ha hecho ostentación pública de que desobedeció», añaden en relación a la negativa de Torra a acatar las reiteradas órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos de la sede de la Generalitat y otro edificios de la Administración catalana. Otra cosa sería, añaden, si ante el tribunal pudiese aportar «una versión distinta de los hechos». Algo que no sucederá, pues fuentes próximas al president aseguran que, en caso de asistir, «no se va a mover» de la declaración que ya prestó en instrucción en mayo. En esa comparecencia, admitió sin ambages: «Sí, desobedecí, porque yo me debo a un mandato superior de la ciudadanía de defensa de los derechos humanos». Y, además, calificó de «manifiestamente ilegal» la orden de la JEC porque «no era una autoridad competente superior a mí».

Antes de que comience el juicio, la Sala Civil y Penal del TSJC debe resolver las recusaciones planteadas por la defensa de Torra, que ejercen los abogados Isabel Elbal y Gonzalo Boye, para apartar del juicio a los magistrados Jesús Barrientos y Mercedes Armas. De ambos denuncian una supuesta falta de parcialidad por haber dado el visto bueno a la admisión de la denuncia de la Fiscalía contra Torra, en la que, se queja la defensa en su escrito, concluyeron que los hechos «tenían apariencia de delito» y que el president «podía ser responsable de los mismos». A Barrientos, además, le reprocha que se haya pronunciado en contra de los lazos amarillos, que respaldara la orden de retirarlos y que abandonara un acto cuando el presidente del Parlament, Roger Torrent, se refirió a los procesados del juicio del «procés» en prisión como «presos políticos». Comportamientos que, subrayan sus abogados, ratifican su «absoluta falta de imparcialidad».

Resueltas las recusaciones, está por ver si Torra solicita al tribunal un cambio de fechas (lo intentó sin éxito con el letrado de la Administración de Justicia) acreditando documentalmente que en las fechas del juicio, los días 25 y 26, está convocado un Pleno de debate de política general en el Parlament. Y es que el letrado le reprochó al denegar su petición que no había aportado «documentación alguna» que acreditase la convocatoria de esas sesiones parlamentarias coincidentes con la vista oral.

Sin embargo, la defensa del president no tiene intención de forzar ese cambio de fechas. Lo que no ha decidido aún Torra es si dará la espantada o, al contrario, acudirá finalmente al juicio. Un posicionamiento que no adoptará, según las fuentes consultadas, hasta 24 horas antes del comienzo de la vista, cuando tiene prevista una reunión con sus letrados para perfilar la estrategia jurídica. Las previsiones de su defensa no son demasiado optimistas. «Da lo mismo que el juicio se celebre con él o sin él. El resultado va a ser el mismo: lo van a condenar», se resignan.