Mas afirma que la consulta se hará aunque el Gobierno no la autorice

Presionados, sobre todo, por los empresarios catalanes, Artur Mas y Mariano Rajoy han retomado tímidamente el contacto para intentar dar una salida al problema catalán. Tanto desde el PP como desde el gobierno catalán aseguran que el suyo no es un diálogo para sordos, que como dicen los profesores de primaria sobre los alumnos que no destacan para bien ni para mal, lo suyo «progresa adecuadamente».

Tras escuchar reiteradamente que el Gobierno no dará permiso a Cataluña para celebrar la consulta soberanista, Mas pidió al Estado una propuesta alternativa al referéndum. Pero mientras la respuesta no llega, el president de la Generalitat no va a cambiar un ápice el calendario del proceso soberanista acordado por el Parlament de Cataluña. Ayer volvió a recordárselo a la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, tras un tenso rifirrafe dialéctico en la sesión de control parlamentaria que zanjó afirmando que «la consulta se hará».

Sánchez-Camacho instó a Mas a abandonar «un referéndum que es ilegal», después de que el presidente de Ciutadans, Albert Rivera, insistiera al president en que abandone la mentira y admita que la consulta no se hará porque «la Constitución dice que la soberanía recae en todo el pueblo español». Pero ni Sánchez-Camacho ni Rivera intimidaron al president de la Generalitat. Mas mantuvo firme su apuesta de celebrar la consulta, aunque el Estado no la autorice, alegando que hay diferentes marcos legales para hacerla. Pensaba en la ley catalana de consultas que el Parlament aprobará en las próximas semanas.

Consulta no antes de octubre

Mas obvió que la ley pueda quedar atrapada en un sinfín de recursos y aseguró que «es una evidencia que la consulta se hará». Aunque según la radio pública catalana, no se hará antes de octubre de 2014, porque no hay tiempo material para tener listo el censo electoral y la logística.

Mirando a Sánchez-Camacho, a la que el primer secretario del PSC, Pere Navarro, describió como la delegada del Gobierno en el Parlament, Mas alegó que «si hay estos marcos legales, el Estado en algún momento facilitarán la voluntad democrática de que el pueblo catalán pueda ser libremente expresada de forma democrática y pacífica». Igual que Canadá ha hecho con el Québec, apuntilló, precisamente después de que Sánchez-Camacho pidiera al gobierno catalán que no se gaste más dinero en viajes como el de la vicepresidenta Joana Ortega para tomar nota de cómo los canadienses organizaron hasta en dos ocasiones un referéndum de autodeterminación. El PP rechazó «chantajes» y aconsejó a Mas aparcar su proyecto soberanista por un diálogo constructivo.