Piden cárcel por una agresión a un taxista musulmán que rezaba

Procesan a cinco vigilantes del Hospital del Mar por una falta de lesiones, insultos y vejación.

La Fiscalía pide un año de cárcel y una multa de 600 euros para cinco vigilantes de seguridad del Hospital del Mar de Barcelona, a los que acusa de agredir, vejar e insultar a un taxista musulmán que estaba rezando en las cercanías del centro sanitario. Los hechos ocurrieron el 19 de julio de 2013.

Sostiene en su calificación el fiscal de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, acusa de un delito contra la integridad moral y de una falta de lesiones a los cuatro vigilantes, que trabajaban en el hospital como subcontratados por una empresa de seguridad.

Insultos

Según el escrito de la acusación, a las 2.15 horas el conductor estacionó su vehículo en los aledaños del hospital, y extendió una alfombra en la calle para rezar. Entonces, uno de los acusados, sin que al parecer ninguna provocación ni conflicto previo, le recriminó su acción , «interrumpiendo su rezo y dirigiéndole expresiones como ‘esto no se puede hacer aquí, vete a otro sitio’, ‘vete a hacerlo a tu tierra’, y ‘esto no se hace en este país’», según el fiscal.

Al ver que el hombre continuaba con sus oraciones, requirió la presencia de los otros vigilantes del mismo centro, y, siempre según la versión del fiscal, todos ellos actuaron “con el fin de menospreciar” la religión que profesaba. Los procesados dirigieron al taxista musulmán insultos y expresiones vejatorias, le golpearon con sus defensas, y le propinaron patadas y puñetazos, hasta que intervino un ciudadano que había presenciado los hechos cuando paseaba por la zona. Según el documento, le dijeron expresiones vejatorias como «hijo de puta».

La víctima sufrió erosiones en la espalda, el abdomen y el tobillo, y tardó ocho días en curarse, aunque no quedó impedido para realizar su actividad habitual. Se precisó una asistencia médica, por lo que la Fiscalía califica la agresión de de falta de lesiones, en vez de delito.

El Ministerio Público pide que los procesados indemnicen a la víctima con 320 euros por las lesiones sufridas, y con otros 1.000 euros por los daños morales causados, cantidades de las que responderá subsidiriamente la empresa que los contrató.