Un juez de Tarragona imputa al alcalde por el caso Inipro

Ballesteros habría firmado pagos de 214.000 euros a una empresa pese a 7 avisos contrarios

Un juez de Tarragona ha citado a declarar como investigado al alcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, y a otras 10 personas por presuntas irregularidades en la contratación por parte del Consistorio de la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes. En un auto recogido por Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, ve necesario que Ballesteros justifique por qué «no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad».

El juez piensa que este servicio contratado no era necesario, que hubo un «direccionamiento» de la adjudicación a una empresa en concreto, que se excluyó a cualquier otro competidor y que debería haber una contrapartida que desde la administración se podría haber conseguido a cambio de obtener el contrato a Inipro.

Ballesteros será el primer investigado en declarar –el martes 26 de enero a las 9.30 horas– y los otros 10 están citados entre esa fecha y el 9 de febrero; después declararán otras seis personas como testigos: el 23 de febrero y 1 de marzo.

El juez también reclama al Ayuntamiento aportar la relación de los trabajos de Inipro de 2010 a 2012; y pide a la empresa una memoria detallada de sus trabajos durante este período para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), y los informes que haya entregado al acabar el contrato. Los hechos pueden comportar delitos de prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precios de subastas públicas.

El caso parte de una denuncia de la CUP por irregularidades del IMSST en una adjudicación a Inipro, cuando el Consistorio aprobó en 2010 el concurso para un contrato de servicios sobre «potenciar el asociacionismo entre la población recién llegada», pese a existir una Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (Utic). La denuncia inicial, firmada por la concejal Laia Estrada, alegaba irregularidad en la adjudicación. La investigación constató entonces que fue aumentando la cantidad que el Consistorio pagaba a Inipro: más de 61.000 euros en 2010, más de 93.000 en 2011 y más de 104.000 en el 2012, año en que no coincidía la cantidad declarada por el IMSS e Inipro.