Procesan a Fuset por la muerte de un operario al carecer de plan de seguridad

El trabajador cayó desde tres metros de altura mientras instalaba unas gradas en los Viveros

El juez del caso abierto por la muerte de un trabajador durante la construcción de una grada en los Viveros para los conciertos de la Feria de Julio de 2017 ha procesado al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, por un delito de homicidio causado por imprudencia grave y otro de prevaricación.

El titular del juzgado de Instrucción número 18 también ha procesado a los promotores del evento, mientras que señala al Ayuntamiento de Valencia como responsable civil subsidiario.

Señala el juez que «el informe que ha aportado el inspector de trabajo es contundente: no existía procedimiento de evaluación de riesgo y adopción de adecuadas medidas de protección para el montaje de las gradas. La obligación de contar con dicho estudio de seguridad y salud se contiene en la normativa contemplada en el acta de infracción de la inspección de trabajo». Continúa su señoría que dicho incumplimiento de las normas «ocasionó el siniestro fatal, puesto que, como determina dicho informe o el informe del Invasaat, en caso de que se hubiera procedido a ello, se hubiera determinado que debería haber existido una línea de vida, o instalado un punto de anclaje a nivel superior al del centro de gravedad del trabajador en cada momento, y ello hubiera podido impedir el siniestro».

El trabajador, que cayó de más de tres metros de altura mientras participaba en el montaje de unas gradas con capacidad para casi mil personas para la edición de 2017 de la Feria de Julio, tenía 47 años, estaba casado y tenía dos hijas.

Fuset declaró como imputado en este caso el pasado mes de enero y defendió que actuó conforme a los informes de los técnicos del ayuntamiento y firmó lo que éstos le dijeron.

El concejal declaró como imputado ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente del operario y las posibles responsabilidades que se pudieran derivar y, cuando le preguntaron sobre si firmó la autorización de la grada, aseguró que firmaba lo que los técnicos le «ponían delante». Según fuentes conocedoras del caso, el Ayuntamiento fue sancionado por la inspección de trabajo con 40.686 euros por una infracción muy grave en el montaje de las gradas, una sanción que pagó y no recurrió.

Cuando fue preguntado sobre por qué el consistorio no recurrió aquella sanción, Fuset respondió que se les pasó el plazo. La decisión del juez implica que el concejal deberá enfrentarse a un juicio por estos dos delitos, a menos que prospere un recurso.

Falsos denunciantes y responsabilidad penal

Señala el auto que «también existen indicios racionales de participación criminal de Pere Fuset en la causación del fallecimiento imprudente del trabajador por no haber exigido la aportación a la empresa contratada por quien ocupó sin concurso parte del dominio público, del estudio de seguridad y salud en el montaje de dicha obra». De la misma dice que «requería de las adecuadas prevenciones en materia de seguridad laboral y que pese a ello no fueron objeto de exigencia al adjudicatario».