El debate de la Lomce
Cambios en el Consejo Escolar para acabar con la Lomce
Acusan a Marzà de imponer una renovación «exprés» con fines políticos. Incertidumbre en el inicio de curso
El Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana cambió ayer en su primera reunión a todos los miembros de designación. Esta es una medida de carácter político que les ha permitido aprobar el informe favorable a la propuesta de modificación de la Lomce.
Diferentes fuentes explicaron a LA RAZÓN que no se les ha notificado el cambio. Además, consideran que no se ha valorado la trayectoria profesional de los nuevos integrantes.
La mayoría de los nuevos miembros destacan por su «lucha contra las políticas del PP» o por sus actuaciones sindicales. No obstante, no hay que olvidar que los sindicatos ya tienen su cuota de representación en el Consejo Escolar. Todo apunta a una «renovación exprés» para aprobar la medida cuanto antes.
Respecto al dictamen, las mismas fuentes indicaron que el plazo de matriculación ha concluido y que con esta decisión están modificando las «condiciones de un contrato que ya se ha firmado con los alumnos». Por ejemplo, uno de los problemas con el que se van a encontrar numerosos estudiantes al incio del curso escolar es el caso de la asignatura de Religión. Con la medida impulsada por Marzà, que permite a los centros públicos incluir o no dicha materia en primero de Bachiller, se genera inestabilidad para muchos actores educativos. Además de los profesores, los alumnos que en su día escogieron la materia, quedan sujetos a la decisión final de su centro docente.
Asimismo, y según las mismas fuentes, Compromís, un partido contrario a las Comisiones existentes, ha decidido «hacer una escabechina» en el seno de las mismas. Resulta llamativo, por un lado, el recorte de personas del ámbito de Secundaria pero no en Primaria -Marzà pertenece al sector que no ha sido reducido-. Igualmente, el criterio utilizado para admitir a los candidatos en las Comisiones de Servicio ha sido igualmente político. Se ha priorizado a aquellas personas que provienen de Cataluña, excluyendo a aquellos valencianos que se encuentran trabajando en el resto del Estado español y que también solicitaron participar en las comisiones.
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