Cáritas ha gastado un 1.200% más en ayudas económicas

La secretaria general de Cáritas Diocesana de Valencia, Fani Raga, afirmó ayer que la pobreza es cada vez más extensa, más intensa y más crónica. Lo demostró enumerando los últimos datos del quinto Informe del Observatorio Diocesano de la Realidad de 2012.

Entre 2007 y 2011 los equipos de acogida han duplicado el número de atendidos, pasando de los 135 de media por cada Cáritas Parroquial a los 270 de la actualidad. En esta línea, también se ha aumentado el fondo de ayudas económicas para hacer frente a la creciente demanda. Tal y como explicó Raga, esta partida ha pasado de 39.000 euros en los años anteriores a la crisis a los 525.000 del actual ejercicio, lo que se traduce en un aumento del 1.200 por cien. Además, todo apunta a que la situación empeorará en 2013, por lo que Cáritas dedicará más dinero a este fondo.

Además, la necesidad de muchas familias no es puntual, por lo que se ha pasado de una media de dos atenciones por hogar a tres. Esto condiciona, según indicó, el cuidado de nuevas personas, algo que se agrava ahora, al haberse agotado ya el colchón familiar que sostenía a muchas de ellas.

Para poder hacer frente a todas las peticiones de ayuda, Raga explicó que tendrán que reducir la financiación de los programas «clásicos», los que tienen el objetivo, por ejemplo, de evitar la exclusión de personas sin hogar o la reinserción de ex prostitutas.

Este esfuerzo por llegar al mayor número de personas posibles está situando a la organización «cerca de su límite». En este sentido, la responsable de Cáritas criticó que este tipo de asociaciones benéficas están haciendo la labor que deberían desempeñar las Administraciones Públicas. Criticó que la política social no sea una prioridad para el Consell y denunció un desmantelamiento de los Servicios Sociales, ya que se reducirá el presupuesto para la Conselleria de Bienestar Social. Señaló también la reducción de la partida de la Renta Garantizada de Ciudadanía en cinco millones de euros.

También expresó su preocupación por la reforma sanitaria que aprobó el Gobierno central. Pidió la derogación del decreto y aseguró que estarán vigilantes ante cualquier incidencia que pueda producirse. Precisamente, junto con otras 17 organizaciones, han creado el Observatorio del Derecho a la Salud, que ha detectado desde el mes de septiembre un total de 78 problemas, la mayoría de ellos relacionados con personas en situción irregular.