Directivo de Invassat dice que le relevaron por decir que FGV cumplía en seguridad

La jueza deduce testimonio y se investigará penalmente a los superiores que presionaron al perito

El que fuera subdirector técnico del Institut Valencià de Seguritat i Salut en el Treball (Invassat), afirmó ayer ante la juez que instruye la nueva investigación sobre el accidente de metro de 2006, que sufrió presiones mientras redactaba el informe que se le requirió nuevamente en 2016, ya con el Consell del bipartito -PSPV y Compromís- y que fue fulminantemente destituido una semana después de su conclusión, tras volver a reiterar que Ferrocarrils de la Generalitat cumplía la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, cuando ocurrió el fatídico accidente en 2006.

El testigo, citado ayer para que ratificara su informe pericial, dijo que en 2006, con el Consell del PP, nadie le presionó, pero que sí recibió advertencias en 2016 «de sus superiores» si bien no quiso concretar los nombres de aquellos que trataron de condicionarlo.

La jueza instructora, tras recabar la opinión de los letrados y del Ministerio Fiscal, decidió deducir testimonio en virtud del artículo 464 del Código Penal que sanciona al que «con violencia o intimidación intentare influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a veinticuatro meses».

No coincidió en el criterio de la magistrada la representante del Ministerio Público para quien las declaraciones del técnico del Invassat «no tenían importancia».

Asimismo, ayer se tomó declaración a otro perito, concretamente, al inspector de Trabajo que también fue requerido para que hiciera un informe, desde el punto de vista de la legislación laboral, y que concluyó igual, que Ferrocarrils de la Generalitat cumplía los requisitos de la legislación en materia de seguridad laboral.

Tanto desde la vertiente jurídica por parte del inspector de Trabajo, como desde la parte técnica por parte del ingeniero de Invassat, los dos informes coinciden en el cumplimiento de la normativa.

Sin embargo, el inspector laboral que prestó declaración por la tarde explicó que la velocidad a la que debían circular los trenes no estaba incluida en los protocolos de seguridad laboral que debía cumplir FGV, algo a lo que la fiscal sí que dio mucha importancia.

La instructora, en cumplimiento del mandato de la Audiencia, pidió a Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) la designación de dos peritos en noviembre de 2015; AESF respondió en febrero de 2016 y cinco días después la titular de Instrucción 21 les encargó el informe y los aspectos sobre los que éste tendría que versar: sobre la comparación entre las medidas de seguridad exigibles a la empresa conforme a la normativa aplicable y las que había en la fecha del accidente.