El director de Bankia apuñalado por las preferentes firma la paz con la otra parte

La sección cuarta de la Audiencia de Valencia presidida por Pedro Castellano, se empleó ayer a fondo para lograr el cese de hostilidades entre los miembros de una misma familia separados y enfrentados por el drama de las preferentes.

Los hechos se remontan a 2012 cuando, sumido en una profunda depresión con severas alteraciones psiquiátricas, Julio, un policía local de Valencia acuchilló a su familiar y exdirector de una oficina de Bankia, al que había comprado, tanto él como su familia, cerca de 370.000 euros en acciones preferentes.

El directivo de Bankia, por entonces prejubilado, fue ingresado en el hospital en estado grave pero consiguió recuperarse no sin perder parte de su capacidad pulmonar y cardíaca. El agente fue ingresado en prisión, pese a los antecedentes psiquiátricos que presentaba, y seis meses más tarde, en Nochebuena de 2012, se suicidó.

La familia del agente fallecido denunció por la vía civil a la entidad bancaria y consiguió recuperar lo invertido en 2014, pero sin embargo, mantuvo una denuncia contra el directivo del banco al que acusaba de daños morales que cifraba en cerca de 300.000 euros.

La Fiscalía, en su preceptivo informe, no veía indicios de delito en la conducta del exdirector de la sucursal bancaria, más aún cuando él mismo había invertido más de cien mil euros en las mismas acciones preferentes y obligaciones subordinadas, y había vendido dicho producto a otros allegados hasta superar los 300.000 euros, según su abogado.

El Ministerio Público estimó que no había mala fe en la conducta del empleado de Bankia y que su comportamiento no reunía indicios de delito por lo que pedía el archivo de la causa.

Durante la mañana de ayer, la defensa del acusado amagó con reclamar a los herederos del agente la indemnización por los serios daños causados, y que hasta la fecha no había reclamado habida cuenta de la relación familiar que los unía y de lo dramático de las circunstancias que rodean el caso.

Así las cosas, el tribunal indicó a las partes que sin la acusación del fiscal, las pretensiones de la parte demandante perdían mucha consistencia, y advirtió de que, de celebrarse el juicio, sería muy estricto en la imposición de las costas procesales que podían llegar a los 40.000 euros.

Por ello, y después de negociaciones entre los abogados de ambas partes, éstas llegaron a un acuerdo por el que se enterraba el hacha de guerra que había separado a la familia, y se firmaba un pacto en el que se comprometían a no desenterrarla nunca.