«El Gobierno teme a las indemnizaciones en el caso de los bebés robados»

VALENCIA- El Gobierno hace «muy poco» para sacar a la luz miles de casos de bebés que fueron entregados o robados al nacer por miedo a las indemnizaciones económicas a las que tendría que hacer frente y que podrían «arruinar las arcas del Estado» según advierte el presidente de SOS Bebés Robados, Enrique Vila.

Vila, abogado de profesión, plasma el estado judicial de estos casos en su nuevo libro, «Hijos de otros dioses», una «guía práctica para hijos que buscan sus orígenes biológicos». En esta obra aprovecha su experiencia personal -a los 23 años cuando su padre estaba muriendo de cáncer, encontró por casualidad su demanda de adopción y comenzó la búsqueda de su madre biológica- para explicar los pasos que dio, como ir al Registro, hablar con las monjas de la Casa Cuna Santa Isabel, donde nació el 18 de mayo de 1965, y explicar qué puede hacer cualquier niño adoptado o «hijo falso» para buscar sus orígenes.

Cuenta que en veinte años de búsqueda no ha perdido nunca la esperanza de encontrar a su madre biológica, pese a que ya se ha realizado dos veces sin éxito la prueba del ADN. «Me dicen que es extraño que en tantos años no aparezca, pero imagino que alguna vez conseguiremos algo».

No obstante, aconseja a todos los que tengan dudas sobre si son adoptados o no, que se hagan la prueba del ADN, ya que aunque el ochenta por ciento de los casos de adopción no se oculta y puede comprobarse pidiendo el certificado literal de nacimiento, hay miles de «hijos falsos», aquellos que aparecen en la documentación como biológicos y no lo son.

Con todo, ve más difícil que salgan a la luz los casos de bebés nacidos en centros regentados por religiosas porque los archivos eclesiales «son privados», aunque señala que la respuesta es distinta dependiendo de la congregación e incluso de la ciudad.

Aunque considera que los jueces están bastante a su favor en el caso de las adopciones, entiende que para el Estado «esto es un papelón, porque se pueden llegar a pedir indemnizaciones económicas importantes (...) No es que el Estado no quiera que las familias se conozcan, lo que no quiere son las posibles indemnizaciones» a las que podría llegar a ser condenado a pagar a los cientos de miles de casos de niños robados en España.

Según Vila, si el Tribunal de Estrasburgo, que ha recibido el primer caso español de bebés robados, les da una primera indemnización, puede arruinar las arcas del Estado. «Creo que el miedo del Gobierno es económico, más que las penas de prisión que se le pueden imponer a los culpables». Por ello, a su juicio de Vila, el Ejecutivo central «hace lo justo para que desde las instituciones internacionales no le digan que haga algo. Un poco para lavarse la cara», aunque critica que está haciendo una «limpieza tremenda de los casos, el 50 por ciento de los cuales ha sido archivado por Fiscalía».

En la actualidad en los juzgados españoles hay unas 5.000 denuncias presentadas por estos casos, algunas de la cuales se están investigando y otras han sido archivadas, pero hasta el momento no se ha producido ninguna sentencia condenatoria.

Como ejemplo, expone el caso de una niña nacida en el Hospital Civil de Málaga en 1964, por el que ha solicitado una indemnización de 15.000 euros por cada uno de los 40 años que esta persona fue separada de su madre biológica y mil euros diarios por la inactividad de Estado durante ese tiempo.

Miles de niños robados y coacciones a las madres

El letrado ve «tremendamente difícil» saber cuántos niños fueron robados en la segunda mitad del siglo XX, calcula que podrían ser alrededor de 300.000. A esta cifra habría que sumar «otros miles» de niños que fueron robados al nacer de sus madres y fueron adoptados. En estos casos la apariencia de la adopción es legal, ya que intervienen un juez y un notario y hay una inscripción en el Registro Civil. Según argumenta, en hasta un setenta por ciento de las madres que entregaron a sus hijos hubo «una coacción directa de los encargados del centro donde dieron a luz o una presión social o de la familia» y considera que esto es una «adopción ilegal, porque el consentimiento para la entrega está viciado».