El PP llevará a la Fiscalía la subvención a Carns de Morella que impulsó Puig

El TSJ ha puesto en duda la ayuda directa otorgada a Carns de Morella al no tener informe de interés público.

El PP pondrá a disposición de la Fiscalía toda la documentación sobre Carns de Morella por si el Gobierno valenciano ha incurrido en prevaricación tras conocer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat que a su juicio pone en duda la ayuda aprobada por el Consell a esa entidad. En el presupuesto de 2016, la Generalitat otorgó una ayuda nominativa (directa) a dicho matadero sin un informe que avale el interés público de la subvención.

«Estamos ante un posible delito de prevaricación por parte del Consell al aprobar un anteproyecto con una subvención a una empresa privada sin ninguna justificación, como dice la propia Abogacía de la Generalitat, el director general -de Carns de Morella- y el TSJCV», señaló la portavoz adjunta del grupo popular en Les Corts Eva Ortiz.

La Abogacía de la Generalitat insiste en que no hay ningún informe que avale el interés público para otorgar una subvención nominal, según la portavoz adjunta del grupo parlamentario popular.
«Finalmente se acaba de dictar una sentencia por parte del TSJCV en que dice que la respuesta de la Administración no tiene sentido. No es posible que se apruebe una ayuda en favor de una empresa privada por 140.000 euros y que no exista ningún informe ni documentos que justifiquen el interés público de esa subvención.

Para el portavoz socialista, Manolo Mata, «la judicialización es el fracaso de la política» y aseguró que esa línea nominativa «nunca se ejecutó». Según Mata, el presidente de la Generalitat y exalcalde de Morella, Ximo Puig, «fue presidente del consejo de Carns de Morella en su condición de alcalde de esta localidad» La Diputación de Castellón «promocionó muchos mataderos en otras poblaciones, por cantidades disparatadas, y se dejó fuera a Morella por ser socialista», criticó Mata.

Por otra parte, Ciudadanos (Cs) presentó una iniciativa en Les Corts para exigir la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en casos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos, es decir, que los partidos «devuelvan el dinero robado por sus políticos corruptos».

Por último, Les Corts estableció un pleno el 14 de febrero para votar la derogación del segundo médico en los «bous al carrer».